Ordenadores nuevos, interinos viejos

A Carmen Hermosín le creció la Consejería a mitad de legislatura. Más que crecerle se multiplicó en trabajo y en responsabilidad. La asunción de las competencias de Justicia en abril de 1997 es probablemente lo más transcendente de toda la legislatura, no sólo para la consejera Hermosín, sino para toda la Junta y su proyecto de Andalucía.Precisamente, el proyecto de Andalucía del Gobierno autonómico y socialista centra las disputas con el Ejecutivo central y conservador y deja a Hermosín muy cerca del centro de una pelea de resonancias y posibles consecuencias estatales.

Las competencias de Justicia fueron recibidas con ilusión y con un plan de modernización que mostrara y publicitara el dinamismo con el que se asumía. Así, en el verano de 1998 se presentó el Plan Adriano para informatizar los cerca de 500 órganos judiciales existentes en Andalucía. La inversión prevista hasta el año 2001 ronda los 4.000 millones de pesetas. En la Consejería todo el mundo se congratula de los resultados, una vez que ya se han instalado ordenadores con sus respectivos programas en cerca de 300 órganos. La informatización fue, sin embargo, muy criticada.

La oposición, como es predecible, algunos sindicatos y varios gargantas profundas, se encargaron de airear fallos tan abracadabrantes que, una de dos, o eran exageraciones intencionadas o algo se había hecho rematadamente mal. Se llegó a publicar que en las impresoras de un juzgado andaluz salieron textos con el membrete de la Corte Suprema de Venezuela. Cada uno agarró el tema por donde le interesó y mientras la Junta aseguraba que entre los 8.000 documentos usados como base o ejemplo cualquiera podía imprimir lo que le apeteciera (intencionadamente, eso sí), los críticos empezaron a hacer chistes.

Campo de disputa

Pero Hermosín no es nueva en la plaza de la política y en ningún momento se le olvidó que la oposición le iba a dar fuerte y flojo en este tema, precisamente porque Justicia se había convertido en una de las principales batallas entre el Ejecutivo central y el autonómico. Precisamente, la consejera andaluza es de las que más ruido mete a la hora de exigirle cosas a la ministra Margarita Mariscal de Gante y, claro, en casa le devuelven la pelota -tiene hasta tres parlamentarios autonómicos del PP ocupándose de buscarle las vueltas a lo que haga la Consejería.

La descentralización de la Justicia también trajo en esta legislatura la creación de siete nuevos juzgados de Primera Instancia, 23 unipersonales de lo Contencioso-Administrativo (un área históricamente colapsada), se han abierto oficinas de atención y ayuda jurídica y psicológica a las víctimas de delitos en los juzgados de Sevilla, Málaga y Granada y se han creado dos secciones de la Audiencia Provincial de Cádiz en Jerez y Algeciras.

Uno de los aspectos más políticos de la administración de Justicia en Andalucía sale todos los años en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad. La Junta siempre prevé (aunque sabe de sobra que no se lo van a dar hasta que lo mande un juez) una partida para invertir los cerca de 2.000 millones de pesetas que generan los intereses de los depósitos judiciales (fianzas, multas, etcétera) salidos de Andalucía y que el Estado ingresa desde 1997 en una cuenta del BBV. El decreto andaluz para invertir ese dinero motivó que también Cataluña se decidiera a pedirle al Gobierno central sus correspondientes fondos. El Constitucional dirá.

La parte de Justicia es quizá la más bonita, por lo que supone de ganancia de soberanía y autogobierno para Andalucía y porque es un atractivo reto en el que sólo se puede mejorar. En donde no le van tan bien las cosas a la Consejería es en los aspectos más funcionales y funcionariales.

Hermosín no tiene más que palabras de agradecimiento y de compromiso para los alrededor de 3.200 interinos que trabajan en la Administración andaluza. La consejera recuerda cómo muchas de estas personas son las responsables de los comienzos de la Administración autonómica, cuando todo era buena voluntad y pocos medios y experiencia. La Junta quiere hacerlos funcionarios, pero debe de admitir que todavía no sabe cómo. La justicia ha echado por tierra al menos un par de intentonas de oposiciones restringidas o bonificadas para los interinos. Con más de una década de trabajo en la Administración autonómica, muchos de ellos están perdiendo la paciencia.

Plazas congeladas

Hasta el momento, lo único que puede hacer la Consejería es asegurar a los afectados que sus plazas no saldrán a concurso, intentar garantizarles la estabilidad.

La implantación de las 35 horas (otro bofetón institucional a Madrid) hará posible la creación de 2.100 nuevos puestos de trabajo para funcionarios y quizá con imaginación y una carambola se pueda ir deshaciendo una madeja injusta e incómoda para todos.

Otro borrón para gran parte de los críticos de la gestión de Hermosín es la nonata ley de Función Pública de Andalucía. Aunque la consejera insiste en que la culpa es del Gobierno en Madrid, ya que se acordó esperar a que el Ejecutivo central sacara adelante el reglamento correspondiente y aún no ha sucedido.

Sobre la cooperación con los municipios, Hermosín está más que satisfecha. La consejera asegura que los 70.000 millones que la Junta ha otorgado a los ayuntamientos el pasado año, es equivalente a la suma de lo que todas las otras autonomías juntas han puesto.

En esta legislatura también se ha incrementado el número de agentes de la unidad adscrita a la Junta de Andalucía del Cuerpo Nacional de Policía. En total, 250 agentes integran este cuerpo que ya está presente en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. Pero, también relacionado con los uniformes, se echa en falta la Ley de Coordinación de Policías Locales.

Uno de los mayores disgustos que se ha llevado Hermosín y su macroconsejería ha sido el Casino de Sevilla, cuya adjudicación fue parada en seco por los juzgados y, lo que es peor, entre rumores de un posible favoritismo o de malhacer.