La autoridad bursátil intentó incautarse en "Le Figaro" de datos sobre una noticia publicada

Los periodistas franceses están inquietos y los especializados en economía aún más. El pasado martes, en el anual encuentro de la prensa con el primer ministro, se lo hicieron saber. Dos colegas, Hubert Levet, de la agencia L"Agefi, y Nazanine Ravai, del diario Le Figaro, se encuentran sometidos a investigaciones para averiguar las fuentes de informaciones en exclusiva. En el primer caso, la indagación es de carácter judicial; en el segundo, se trata de una iniciativa de la autoridad bursátil, que ha tratado de incautarse, en la propia sede del diario, de documentos sobre lo publicado.

Por medio de una información difundida a través de L" Agefi, agencia de información económica que surte a unos 8.000 clientes, Levet dio a conocer los resultados semestrales del grupo Aerospatiale Matra un día antes de que la empresa los hiciera públicos. Un juez ha decidido procesar al periodista por divulgar "informaciones financieras confidenciales", algo que equivaldría a ser cómplice de un delito de aprovechamiento de "información privilegiada", tras denuncia del grupo empresarial afectado.Antes de que eso ocurriera, Ravai, de Le Figaro, había anticipado la fusión entre Carrefour y Promodès. Cinco meses después de publicada la noticia, la Comisión de Operaciones en Bolsa (COB) ha emprendido una indagación. Se trata de una "autoridad administrativa independiente" que tiene poder para investigar, en nombre del Estado, la comisión de delitos que afectan a la cotización en Bolsa; e incluso de imponer castigos de hasta dos años de prisión y multas equivalentes a 50 millones de pesetas.

Dos agentes de la COB se presentaron en la redacción de Le Figaro y quisieron hacerse con copias de los cuadernos de trabajo y de las agendas de la periodista objeto de su interés. El presidente del periódico, Yves de Chaisemartin, les negó el derecho a efectuar ese registro y menos aún a conocer la identidad de las fuentes usadas por la informadora.

Tanto a Levet como a Ravai se les ha exigido que revelen quiénes les han proporcionado las informaciones publicadas -por cierto, ambas se confirmaron-. Además, las compañías de teléfonos han facilitado a los investigadores el listado de llamadas efectuadas por los periodistas durante los días calientes. Profesionales del periodismo se preguntan qué poderes tiene una autoridad administrativa para requerir un dato como ése. France Télécom dice, por su parte, que no puede negarse a facilitarlo a la autoridad bursátil, si no quiere ser acusada de obstruir la investigación.

La ley francesa alegada por la COB data de 1967 y es de rango inferior a la Convención Europea de los Derechos Humanos, cuya jurisprudencia ya reconoce la protección de las fuentes periodísticas como uno de los principios fundamentales de la libertad de prensa. Lo cierto es que las revelaciones de Levet modificaron la cotización de las acciones de Aerospatiale Matra, como la de Ravai afectó al valor bursátil de Carrefour y Promodès.

Aunque no existen precedentes de esta situación concreta, hay un caso ya juzgado que resultó favorable a la protección de la libertad de prensa. La justicia francesa condenó a Le Canard Enchaîné por publicar la hoja salarial del gerente de Peugeot, por entender que se trataba de una violación de la vida privada. El Tribunal Europeo, después de tener en cuenta que el gerente se había autoconcedido un aumento del orden del 70% mientras negaba uno inferior al 2% a sus asalariados, estimó que el Canard aportaba una "contribución importante" a un debate de interés.