Cuatrienio negro

La metamorfosis experimentada por la Consejería de Medio Ambiente en cuatro años es como el proceso inverso al que cristaliza un gusano en mariposa. El departamento arrancó rodeado de expectativas prometedoras e inclinado hacia las actuaciones imaginativas -bien es verdad que era tan nuevo que inventar no resultaba difícil- y ha derivado en una maquinaria atenazada por la misma burocracia de otras carteras y la falta de medios presupuestarios para consolidar políticas conservacionistas. Para colmo, la sucesión de accidentes ambientales de la legislatura ha zarandeado al departamento, que se ha visto obligado a restar energías, tiempo y dineros de otros fines. Su gran protagonismo en los medios, para pesar de su reponsable, ha obedecido más a adversidades que a iniciativas positivas como la aprobación del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama o, en el plano legislativo, la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. Las diferencias entre sus dos titulares tampoco habrán sido ajenas al cambio de imagen. De Manuel Pezzi, el primer consejero de Medio Ambiente y actual responsable de Educación, es legendaria su capacidad para adornar un cactus y venderlo en el desierto de Kalahari. José Luis Blanco, que había sido número dos, es la antítesis. Disciplinado y pelín grisáceo, dista de la brillantez oral de Pezzi y, quizás, de su capacidad de maniobra. Los ecologistas le reprochan haber capitulado ante otros compañeros en cuestiones como la reapertura de la mina de Aznalcóllar -un objetivo que el consejero de Industria y Trabajo, Guillermo Gutiérrez, defendió con uñas y dientes- y de no haber peleado con ardor más fondos para su departamento.

Blanco, sin embargo, no se queja tanto del reparto presupuestario del Gobierno andaluz como de la pérdida de fondos europeos, que han afectado sensiblemente a los planes de reforestación y lucha contra la erosión. Una pérdida que achaca en exclusiva al boicoteo de la Administración estatal: "La Consejería ha crecido más del 30% sólo en los últimos dos años, pero ha habido un gravísimo problema debido al acceso del PP al Gobierno".

Una afirmación que no comparte la parlamentaria del PP, Beatriz Martín Ovando: "Se han perdido tiempo y esfuerzo en reivindicar fondos a Madrid, cuando las competencias están íntegramente transferidas desde 1984". La financiación del Plan Forestal Andaluz ha provocado uno de los grandes encontronazos con la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Las relaciones entre ambos departamentos han estado en sintonía con las mantenidas entre ambos Gobiernos, es decir, desencuentros frecuentes, reproches mutuos y escasa colaboración. Ni siquiera la declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada se libró del enfrentamiento entre las dos Administraciones, que asumen la gestión del espacio protegido. La Junta de Andalucía quiere seguir la senda que abrió con la Ley de Doñana, que unifica la gestión de los Parques Nacional y Natural, y que está supeditada a la decisión del Tribunal Constitucional, al que ha recurrido el Gobierno central.

El vertido de Aznalcóllar, ocurrido en abril de 1998, pareció tensar las relaciones al máximo con un cruce de ataques y responsabilidades que hacían presagiar males aún mayores ante la falta de actuaciones para atajar la peor catástrofe ecológica de la región. La creación de una comisión de seguimiento, coordinada por ambas administraciones, rebajó el desencuentro y visualizó por primera vez un espíritu de colaboración, que tampoco se escapó a las críticas de los grupos ecologistas, que temen que se ocultó información durante el proceso de descontaminación.

Ligado al vertido tóxico, nació el proyecto del corredor verde del Guadiamar, que se convirtió en una de las iniciativas más emblemáticas de la Consejería de Medio Ambiente durante el cuatrienio, tanto por su carácter ambicioso como por simbolizar el contrapunto a la catástrofe ecológica, cuyo coste político purga Blanco casi a modo de penitencia. El consejero se hartó de vocear que su departamento carecía de competencias para verificar el estado de seguridad de la balsa minera, pero fue en vano. Aún siendo inmerecido, Medio Ambiente ha asumido el desgaste con más intensidad que otras carteras.

Las alarmas no sólo saltaron por Aznalcóllar en estos años. El escape de Acerinox o la rotura de un gasoducto en Écija (Sevilla) también han puesto en la picota a Medio Ambiente. En algunos casos, por su deficiente política de gestión de residuos tóxicos, a decir de los conservacionistas. De hecho, la aprobación del plan de residuos peligrosos no ha obtenido las bendiciones de los ecologistas, que, sin embargo, aplauden con discreción el plan de residuos sólidos urbanos, que incorpora la selección en origen, el reciclaje e incentiva la reducción de basuras.

La protección del territorio, incrementada con la declaración del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, constituye uno de los frentes que más complace a Blanco, que se vanagloria de pertenecer a la autonomía con más superficie protegida (19%). No ha logrado impulsar los planes de desarrollo sostenible en todos los parques naturales (sólo existen en Doñana, Alcornocales y Sierra Mágina), pero las grandes críticas en este terreno obedecen a la nueva regulación de las juntas rectoras, que han iniciado una etapa de mayor atrofia y más politización.