La oposición cree a Trias de Bes y acusa al Gobierno de empobrecer Trasmediterránea

La oposición aprovechó ayer una de las últimas comparecencias en el Congreso de la legislatura para atacar con dureza al Gobierno por el proceso de privatizaciones de Iberia y Trasmediterránea. PSOE, IU y Nueva Izquierda dieron crédito a las declaraciones de José María Trias de Bes, el dimitido presidente de la naviera, para coincidir con él en que el Ejecutivo pretende descapitalizar la compañía, aún pública, para entregarla a "sus amigos" a menor precio. El argumento fue similar en el caso de Iberia y se pusieron sobre la mesa los datos de la venta del 40% del capital de la aerolínea.

La ruidosa salida de Trias de Bes de Trasmediterránea centró toda la comparecencia del subsecretario de Estado de Economía y Hacienda, Fernando Díez Moreno. La oposición no defendió la gestión de Trias de Bes, de quien el PSOE dijo que "no sabía lo que era un barco", pero sí utilizó las acusaciones del ex presidente de la naviera pública, sobre todo la de que se está empobreciendo a la compañía para venderla a menor precio a empresas próximas al PP. Díez replicó que Trasmediterránea no se privatizará en esta legislatura y que no hay estudios en marcha para iniciar el proceso. Se apresuró a calificar las opiniones de Trías de Bes de "tormenta en un vaso de agua" y dijo que si no hubiera dimitido el Ejecutivo lo habría destituido porque había perdido la "confianza política", aunque no explicó el porqué de dicha pérdida. Se limitó a decir: "No siempre elegimos bien a nuestros colaboradores". El propio Trías ha solicitado dar su versión ante la Cámara, pero la Mesa del Congreso rechazó la petición.

Por su parte, el socialista José Segura denunció la aparición de lobbies económicos que, dijo, toman posiciones ante la próxima privatización de la naviera al amparo de la gestión del PP. Y entre ellos citó a Pitra, la naviera propiedad del ministro de Exteriores, Abel Matutes, a la que Trasmediterránea ha vendido el buque Ciudad de Zaragoza. También tildó de "sospechosa" la división de la sede de la compañía entre dos edificios de Madrid.

Frente a estas acusaciones, el subsecretario de Estado se limitó a argumentar que eran operaciones correctas y que si los socialistas opinaban lo contrario debían dirigirse a los tribunales. Además, alegó que él no consideraba necesario analizar la gestión del "día a día" de una empresa pública en una comparecencia parlamentaria.

En todo caso, los grupos opositores, especialmente el socialista, mostraron su indignación por el hecho de que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, hubiera enviado a un alto cargo de su departamento y se negara a comparecer él mismo. Ante esta queja, el subsecretario ironizó: "No sé porque se empeñan en que venga Rato, si cada vez que viene les vapulea".

La oposición no se arredró y exigió que Rato y Josep Piqué, ministro de Industria, den explicaciones sobre Iberia y Trasmediterránea, unas comparecencias que decidirá mañana la Diputación Permanente.

Para hablar de Iberia compareció ayer en el Congreso el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, citado para explicar por qué se ha reducido en 120.000 millones el precio de venta del 40% de la aerolínea. Los socialistas acusaron al Gobierno de haber realizado "trucos contables" para reducir el valor de Iberia y beneficiar a las empresas españolas que están comprando los paquetes más importantes de la compañía de bandera, como Cajamadrid, BBV, Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación. A todas las llamó el representante del PSOE, Antonio Cuevas, "amigos de Aznar". Mariano Santiso, de IU, mostró también su extrañeza por la rebaja del precio y sostuvo que lo lógico sería lo contrario. Incluso Ignasi Guardans, de CiU, consideró que ya en 1996 Iberia era "una joya", aunque tuviese algunas pérdidas.

Ferreras sólo comentó que los precios fijados en un principio -que las empresas que accedieron a pujar por la compañía aceptaron- eran sólo unos precios máximos, por lo que con las valoraciones posteriores se perdieron esos 120.000 millones, algo "normal" en estos procesos.

Por otra parte, la Mesa del Congreso rechazó ayer una pregunta del PSOE para que el Gobierno informe de la venta del portal de Internet Olé a Terra, filial de Telefónica.