Aplazado el juicio a 10 miembros del PP acusados de supuesto fraude en el voto por correo en los comicios de 1991

El juicio a 10 miembros del PP acusados de un supuesto fraude electoral en el voto por correo de las elecciones de mayo de 1991 volvió a ser aplazado ayer tras solicitar la defensa nuevas pruebas y alegar la nulidad del proceso. La Sección Primera de la Audiencia Provincial anunció que la próxima semana emitirá un auto en el que decidirá si se admite la solicitud para la tramitación de nuevas pruebas -lo que conllevaría una dilación del proceso- o si decide continuar con la vista oral.Los hechos se remontan a las elecciones municipales y autonómicas, en las que, según las acusaciones y el fiscal, los imputados supuestamente falsificaron la firma de un notario para legitimar la rúbrica y los datos de 3.366 votantes por correo. Además se les atribuye haber asumido desde distintas sedes del PP autorizaciones de 7.000 electores de las que al menos 75 se realizaron de forma fraudulenta.

Por delitos de falsedad en documento oficial y fraude electoral, el fiscal y las acusaciones solicitan para los imputados Guillermo Núñez Vaquero, Esperanza Márquez Gómez y María del Pilar Rodríguez, penas de nueve años y medio de cárcel, seis años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo y pasivo y multa de 800.000 pesetas. Para el resto de los acusados -María Asunción de la Peña González, María Antonia Astudillo López, Fernando Travesedo Mayor, María Soledad Martín del Pozo, Ricardo Hurtado Gómez de Tena, María del Carmen García Montero y María Paloma Gómez Montero- piden dos años de cárcel por falsificación, seis años de inhabilitación y multa de 200.000 pesetas.

Las defensas solicitaron nuevas pruebas en las que se pueda cotejar la firma del notario Alberto Ballarín con documentos de los imputados, así como que la prueba caligráfica realizada al notario se haga extensiva a sus empleados, su esposa y sus hijos.

Según los abogados Juan Ramón Montero y Juan Carlos Nuevo, el notario se vio apremiado por el tiempo para estampar su rúbrica en los impresos para el voto por correo y en un sólo día tuvo que firmar 1.000 impresos, por lo que "al final la firma se convirtió en un garabato o incluso debió delegar sus funciones en algún empleado".