Localizados en los sótanos de la Fiscalía de Roma 700.000 casos judiciales abandonados en 1989
Rosario Priore, un juez famoso por los grandes misterios italianos a los que se ha enfrentado -desde el caso Moro a la catástrofe del avión de Ustica o el atentado sufrido por el Papa-, acaba de darse de bruces, esta vez como protagonista, con un nuevo misterio: el hallazgo en el sótano de una sede de la Fiscalía de Roma de 700.000 expedientes correspondientes a otros tantos casos penales olvidados.Una verdadera montaña de papeles relativos a pequeños delitos, robos en apartamentos, tirones y estafas que alguien tuvo a bien almacenar en un sótano con el inconfesado propósito de hacer un poco de limpieza en la justicia italiana, aquejada desde siempre de angustiosa parálisis. Corría el año 1989, y el Código de Procedimiento Penal italiano acababa de ser reformado con el objetivo de agilizar la maquinaria de los procesos. Lo malo es que en la vorágine alguien optó por la vía expeditiva de deshacerse de los documentos.
Ahora ha llegado la hora de depurar responsabilidades. En busca de culpables, alguien ha relacionado el hallazgo con el juez Priore, uno de los dos únicos jueces de la antigua Oficina de Investigación, desmantelada con la reforma del Código de Procedimiento Penal, a quienes se permitió seguir trabajando unos meses más en vista de la gravedad de los casos de terrorismo que tenían entre manos.
Comoquiera que los 700.000 expedientes acababan de ser enviados por la Fiscalía a dicha oficina, para que entendiera sobre el material, se supone que Priore decidió emterrarlos de por vida en el sótano. El juez ha protestado airadamente, señalando que nada tuvo que ver con la decisión, tomada por otros colegas que, incapaces de afrontar el trabajo de verificar el contenido de los expedientes, porque el departamento carecía ya de jueces, optaron por archivarlos en el sótano. Priore considera una calumnia total la insinuación de que él decidió hacer desaparecer el material y ha reclamado al ministro de Justicia, Oliviero Diliberto, que abra una investigación.
Nadie reclamó
No deja de ser sorprendente que en todos estos años ningún ciudadano se haya preguntado qué fue de su denuncia o si encontró la policía a los ladrones que irrumpieron en su casa. Prueba, según Mario Cicala, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, de que en la montaña de documentos no se esconde ningún caso importante. El episodio ha sido calificado, sin embargo, por su colega Giovanni Salvi, fiscal adjunto y secretario de la misma asociación, como un caso grave, "que demuestra el estado desastroso en el que se encuentra la justicia". Para Salvi, no deja de ser comprensible que en 1989, con la reforma, se concentraran todas las fuerzas de la justicia en los procesos nuevos, pero de ahí a mandar al foso los casos antiguos, dista un abismo. Sobre todo porque, puestos a hacer limpieza en los tribunales, actualmente y como consecuencia de una intermitente huelga de abogados que ha durado meses y del fracaso del sistema de juicios abreviados, la maquinaria judicial italiana está bloqueada por una nueva montaña de procesos y nadie está libre de la tentación de enviarlo todo al primer sótano disponible.
Además, las malas lenguas aseguran que, encima, conservar los documentos en cuestión en el sótano le ha costado al Estado más de siete millones de pesetas mensuales en alquiler.
