El juez envía a prisión a los cinco detenidos del "comando Vizcaya"

El juez Carlos Dívar acordó ayer el ingreso en prisión incondicional de los cinco presuntos integrantes o colaboradores del comando Vizcaya de ETA, detenidos esta semana en el País Vasco y que pretendían colocar un coche bomba al paso de un convoy de la Guardia Civil que escoltaba un transporte de explosivos. El magistrado interrogó desde media mañana de ayer a los cinco detenidos, que se encontraban incomunicados. Durante su declaración fueron asistidos por un abogado de oficio. Las actuaciones han sido declaradas secretas, pero el juez levantó la incomunicación a los detenidos. A petición del fiscal Jesús Santos, ordenó su ingreso en prisión.El principal activista, Guillermo Merino, se negó a declarar, aunque sí lo hizo ante la Policía. Ha sido acusado de 12 delitos, entre los que figuran los de pertenencia a banda armada -por su integración en el comando Vizcaya-, depósitos de armas y explosivos, falsificación continuada de documentos oficiales, sustracción de vehículo en relación con detención ilegal, conspiración para el asesinato -por el proyecto de atentado contra el convoy de la Guardia Civil-, y otras cuatro conspiraciones para el asesinato, de las que no se ha facilitado el objetivo, aunque uno de ellos es un militar. Este grupo tenía entre sus objetivos a políticos, jueces, empresarios y miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Preparación de atentados

Jon Urretavizcaya también se negó a declarar. El juez le ha acusado de pertenencia a banda armada por ser miembro de un talde legal (no fichado) armado, de apoyo al comando Vizcaya, denominado Zirikatu. Asimismo se le ha acusado de conspiración para el asesinato por el intento de atentado al convoy policial, tenencia de armas y hurto de uso de vehículo en relación con detención ilegal.

Las pistolas intervenidas a los dos primeros detenidos no han sido utilizadas en otros atentados, según fuentes antiterroristas.

Julen Uriarte sí ha accedido a declarar, pero ha negado los hechos que se le imputan. Ha sido acusado de colaboración con banda armada como miembro de un talde de información de apoyo al comando Vizcaya, distinto del Zirikatu.

Francisco Javier Cano Arce ha confesado su participación en actos de apoyo a ETA, por orden de Merino. Se le imputa un delito de colaboración con banda armada, ya que realizó tareas de infoprmación para el comando Vizcaya desde finales de septiembre de 1999. También se le acusa de haber alquilado el piso franco en que se encontraron los explosivos. Izaro López, que se negó a declarar, ha sido acusada de colaboración con banda armada por proporcionar informaciones a ETA sobre sus objetivos.

A media tarde, media docena de ultraderechistas concentrados ante la Audiencia Nacional lanzaron gritos de "pena de muerte" ante los amigos y familiares que habían acudido a apoyar a los activistas detenidos. Un fuerte despliegue policial evitó incidentes.