Acosol utilizará la desaladora hecha por Gil y pedirá a Tocino que la pague

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental quiere poner en marcha antes del verano la planta desalinizadora que construyó Jesús Gil durante su presidencia del organismo. El alto coste de mantenimiento de la planta sin funcionar y la prolongación de la sequía aconsejan esta medida que ya está estudiada por los técnicos. Fuentes de Acosol, la empresa que gestiona el agua de la Mancomunidad, afirman que "en 40 días es posible que esté en servicio". Actualmente la planta tiene unos 26 trabajadores y si entrara en funcionamiento "sólo necesitaría una docena más". PSOE e IU hacen reproches al Plan Málaga que presentará la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, el próximo lunes 10 de enero, pero ambos partidos están de acuerdo con el PP en pedirle al Gobierno que pague la desaladora. Ésta es la única planta de este tipo construida en España que no ha contado con financiación nacional o europea, según fuentes populares. En la Mancomunidad se culpa a Gil, por no haber presentado a tiempo las solicitudes correspondientes. La construcción costó unos 6.000 millones de pesetas y los intereses, de un 12,9% anual, han generado una deuda añadida de otros 3.000 millones. Todavía no se ha pagado ni una peseta a la empresa Decosol, filial de Endesa, que construyó la planta y realiza el mantenimiento. Los actuales responsables de Acosol, un consejero delegado socialista y un gerente popular, están en desacuerdo con los 580 millones al año que establece el contrato como coste del mantenimiento.

Dinero del "Plan Málaga"

Antonio Rodríguez, consejero delegado de Acosol, considera "alarmante" la situación que se plantearía en esta zona turística si continúa la sequía. Por ese motivo, "si no llueve en los próximos meses", entraría en servicio la planta para garantizar el 25% del abastecimiento a 11 municipios de la costa malagueña, desde Torremolinos hasta Manilva.

El Plan Málaga, que presentará la ministra Tocino el lunes, incluye un presupuesto plurianual de 50.000 millones de pesetas, que será gestionado por una empresa pública, Acosur, dependiente de la Confederación Hidrográfica. Los partidos que gestionan la Mancomunidad esperan conseguir parte de ese dinero para pagar la desaladora.

A pesar de este acuerdo puntual, fuentes socialistas y de IU reprochan a la ministra que haya incumplido su compromiso de que el saneamiento integral de las grandes poblaciones de la costa esté terminado para el 1 de enero del 2001, como exige el reglamento comunitario de 1991.