El PSOE dice que Anticorrupción debe actuar en Trasmediterránea

El PSOE cree que la Fiscalía Anticorrupción debe intervenir de oficio tras las denuncias del ex presidente de la empresa pública Trasmediterránea, José María Trías de Bes. Trías acusó al Gobierno, el 22 de diciembre pasado, de descapitalizar la compañía y prepararla para que se la queden los "amigos del Gobierno cuando se privatice". El portavoz del PSOE en Infraestructuras, Jesús Caldera, exigió ayer al ministro de Economía, Rodrigo Rato, que, como responsable político, explique la situación de Trasmediterránea en el Congreso.

Los socialistas cumplieron ayer su anunciada ofensiva contra el Gobierno, al hilo de la precampaña electoral, y que tiene como objetivo airear los casos que están provocando "alarma social", como Trasmediterránea y Telefónica, tal y como los definen los responsables de Infraestructuras Jesús Caldera y José Segura en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados. Caldera centró su intervención en Trasmediterránea y planteó dos líneas de actuación. Por un lado, adelantar su confianza en que la Fiscalía Anticorrupción intervenga de oficio en la compañía pública, y, por otro, centrar la denuncia contra el Gobierno al nivel más alto posible, esto es, el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. Caldera solicita su comparecencia en el Congreso, antes de la disolución de las Cámaras, para que explique el alcance de la denuncia contra el Ejecutivo formulada por su ex presidente, Trías de Bes, que dimitió el 21 de diciembre. Argumentó que, además de la denuncia de Trías, su nombramiento para este puesto fue singular, "un nombramiento de confianza de José María Aznar".

El portavoz socialista dijo que la denuncia de Trías de Bes contra el Gobierno justifica por sí sola la comparecencia del ministro, y consideró insuficiente la del subsecretario de Economía, Fernando Díaz Moreno, ante la Comisión de Economía del Congreso anunciada por el Ejecutivo para la próxima semana.

El diputado socialista José Segura aseguró que existen datos que avalan la denuncia de Trías de Bes, en el sentido de que se está descapitalizando Trasmediterránea con la pretensión de que el Gobierno la privatice para "entregarla a sus amigos". Según Segura, la compañía pública se está desmembrando por la venta de buques a la compañía Pitra, propiedad del ministro de Exteriores, Abel Matutes. Citó concretamente el Ciudad de Zaragoza y aseguró que dicha venta "ha causado un debilitamiento de la compañía pública en favor de otras que explotan rutas abandonadas por Trasmediterránea".

Un comunicado de la compañía posterior a estas declaracioners señala que la venta del Ciudad de Zaragoza generó a Trasmediterránea una plusvalía de 236 millones de pesetas. El diputado socialista había denunciado que dicho buque fue remodelado por razones de seguridad por valor de 450 millones y vendido posteriormente por 250 millones a la naviera Pitra.

El diputado socialista anunció también que a su grupo le interesa preguntar a Rato por qué en enero de 1997 se eliminó el contrato-programa del Estado con Trasmediterránea, liquidado con un pago a la compañia marítima de 16.000 millones de pesetas sin conocimiento de las Cortes, y conocer también el contrato administrativo de la compañía, con vigencia de 1998 al 2003, para explotar once rutas.

En la misma línea de ofensiva política, el diputado socialista Francisco Fernández Marugán ha presentado en el Registro del Congreso una serie de preguntas para que el Gobierno informe por escrito sobre su conocimiento del sistema retributivo de las stock options (opciones sobre acciones) de Telefónica, que permitirá a cien altos cargos de la compañía repartirse a partir de finales de febrero más de 50.000 millones de pesetas. Entre otras cosas, Marugán pregunta si los consejeros que habían sido nombrados por el Ejecutivo y que no destituidos por el Consejo de Ministros del 29 de enero participaron en el consejo de administración de Telefónica en el que se discutieron y aprobaron estos llamativos planes de opciones sobre acciones.