La Diputación de Castellón frena la inversión debido a su elevada deuda

La Diputación castellonense aprobó con los votos favorables del equipo de gobierno popular y los votos en contra de socialistas y nacionalistas los presupuestos del año 2000 que ascienden a 19.363 millones de pesetas, 116 menos que en el actual ejercicio. Las cuentas provinciales denotan, según el portavoz socialista, Enrique Navarro, un "terrorífico endeudamiento", que hace que cada anualidad se deban destinar unos 2.000 millones a intereses y amortizaciones de los préstamos suscritos. La Corporación adeuda actualmente 16.600 millones de pesetas; de ellos, más de 12.000 generados bajo la gestión del PP en un solo mandato. Según Navarro, "si la Diputación fuera una empresa privada, estaría en suspensión de pagos".El portavoz popular y vicepresidente de la Diputación, Víctor Campos, destacó que por primera vez se rebaja la deuda (57 millones) y conminó a los socialistas a que estuvieran tranquilos porque "la Diputación mantiene su viabilidad económica". Campos recordó que los créditos se han utilizado al 100% para generar inversiones, ya que "la provincia de Castellón estaba bajo los socialistas dejada de la mano de Dios". El portavoz del Bloc Nacionalista, Antoni Porcar, destacó, por su parte, que el presupuesto "recoge un aumento de la presión fiscal y una disminución de las inversiones". El único diputado de esa formación mostró su desaprobación respecto a los varios gastos que pueden ser decididos de forma arbitraria por la presidencia, lo que "refleja una gestión de corte decimonónico, en la que prima el caciquismo".

El presupuesto del año próximo presenta 3.800 millones de pesetas en inversiones, lo que supone una merma importante, que según el PP se debe a que las cantidades para las expropiaciones de los terrenos del futuro aeropuerto fueron consignadas en el de este año. Los socialistas reprocharon que se marginen, con "dotaciones ridículas", actuaciones para luchar contra la falta de agua y para buscar soluciones al problema de los residuos sólidos urbanos. La fórmula seguida por la Diputación castellonense de firmar convenios marco con la Generalitat fue objeto de un fuerte y agrio debate. Los socialistas acusan al presidente Carlos Fabra de "planificar inversiones virtuales".