En aras de la paz social

Fue la sorpresa de última hora del gabinete que eligió Manuel Chaves hace casi cuatro años. Una decisión que cogió de improviso a todos, incluso al propio Guillermo Gutiérrez, quien mientras el presidente hacía público el Ejecutivo autonómico para la legislatura, asimilaba su designación como consejero de Trabajo e Industria, que conoció apenas una hora antes. "Me di un largo paseo", recuerda Gutiérrez y evoca una mezcla de sensaciones: "Mucho orgullo y, por qué no decirlo, cierto miedo".El nuevo consejero heredó un área que, de la mano de Gaspar Zarrías, había tenido una inusitada relevancia política. Con Gutierrez, la Consejería (de la que se separó Asuntos Sociales a los pocos meses) rebajó su vertiente mediática, una circunstancia que facilitó el acercamiento entre sindicatos y los empresarios y que ha desembocado en un co-gobierno de facto en los asuntos laborales.

La pacificación de las relaciones sociales (aún con los conflictos de Astilleros y Río Tinto en la recámara) y la incorporación de sindicatos y patronal a la planificación de inversiones públicas es uno de los hitos de la legislatura, fácilmente constatable en una larga sucesión de documentos firmados por UGT, CCOO, la CEA y la Junta: además del Acuerdo por la Concertación Social, renovaron, en 1997, el Pacto por el Empleo, que destinaba 200.000 millones en incentivos económicos a las empresas para crear empleo y, cada año, consensúan el diseño de la formación profesional.

La paz social es una condición necesaria, pero como demuestran los datos, no suficiente para superar el reto de la economía andaluza: reducir el paro. El crecimiento de la región ha disparado la creación de puestos de trabajo, pero la comunidad no ha reducido en la misma proporción su diferencial de paro con otras regiones; el incremento de la población activa (señal de mejores expectativas) ha evitado un mayor recorte de la tasa de desempleo (aún un 13%).

La política de empleo de la Consejería se ha dirigido fundamentalmente a ofrecer una batería de incentivos a las empresas, que se ha cerrado con un plan para reactivar la dimensión exterior de las pymes. El otro pilar de la estrategia, la formación adaptada a las necesidades laborales, cuenta con la bendición de los agentes sociales, pero está limitada por una restricción de partida: a pesar de las promesas de Javier Arenas, el anterior ministro de Trabajo, Andalucía sigue siendo la única comunidad histórica que aún no gestiona las políticas activas de empleo (cerca de 90.000 millones anuales). Esta transferencia pendiente es el único conflicto de competencias que Gutiérrez mantiene abierto con el Gobierno central; a diferencia de otros compañeros de gabinete, evita, en lo posible, el argumento del "desprecio de Madrid".

La producción legislativa de la Consejería se ha apoyado más en los decretos que en las leyes , si bien aquí hay que recordar la Ley de Cooperativas (1998) o el proyecto de ley de Cámaras de Comercio, que ya deberá ser debatido en la próxima legislatura. Todos los grupos políticos coinciden en fijar como prioridad legislativa la reforma de la ley de Comercio; Gutiérrez cree necesario regular las nuevas modalidades comerciales, adaptar las sanciones y conceder al Gobierno andaluz la preminencia en la autorización de licencias para limitar la concentración de grandes superficies. "Si no lo he hecho antes, es por que la ley nació del consenso de los grupos políticos y he esperado a que alguno tomase la iniciativa parlamentaria", argumenta.

Entre los decretos, figuran dos normas de indudable calado político: la creación del Consejo Económico y Social de la región, tras una complica negociación que empezó hace casi siete años, y la aprobación de incentivos públicos a las empresas que creen empleo mediante la reducción de la jornada laboral. El primer año de las 35 horas deja, en el sector privado, resultados tibios (3.300 empleos, según la Junta). Un impasse que parece destinado a perpetuarse: la patronal tiene bloqueada la negociación colectiva en este aspecto y el Ejecutivo es muy reimiso a forzar la reducción por ley

En la política industrial, la gestión de Gutiérrez refleja un cambio de rumbo: ahora, el Gobierno andaluz prefiere evitar la participación en el capital de empresas, excepto en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, y apuesta por medidas indirectas como la creación de infraestructuras (parque aeronáutico en Sevilla, parque joyero en Córdoba) o los incentivos a empresas, como recoge el nuevo Plan Industrial de Andalucía (1999-2003) dotado con 247.000 millones.

El consejero no llegará a cubrir, por poco, su compromiso de llevar el gas natural a las ocho capitales andaluzas: en Málaga aún no se ha ejecutado el proyecto aprobado y Almería está pendiente de un convenio firmado por Gutiérrez con Endesa. Eso sí, en estos años se ha puesto la base de nuevas formas de explotación energética, como las plantas de ciclo combinado y la Consejería también ha retomado su apuesta por la energía eólica, que parecía olvidada.

La producción industrial está a la altura de otros sectores emblemáticos de la economía andaluza, como la agricultura y el turismo pero sigue sin tener buena prensa. Y sucesos como la rotura de la balsa minera de Boliden manchan el expediente. "Ha sido un hecho político de gran relevancia", concede Gutiérrez cuya cabeza fue pedida con insistencia por la oposición. La dificultad para deslindar responsabilidades en el caso Aznalcóllar y la eficacia en las tareas de limpieza terminaron por aflojar la presión.