Los socialistas creen que Justicia no tiene interés en transferencias como las prisiones

VIENE DE LA PÁGINA 1 En su conferencia ante el foro de los abogados euskaldunes, Muniategi explicó la postura de EA en torno a una justicia propia en la comunidad, cuyo logro derivará, a su juicio, del proceso de construcción nacional y del reconocimiento de la soberanía vasca. El viceconsejero dejó a salvo el actual ordenamiento, respecto al que dijo no buscar ninguna ruptura, aunque matizó que no le satisface. Sí apuntó al uso del artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar facultades que le corresponden en las comunidades autónomas y al aprovechamiento de cuantos otros "resquicios" ofrezca la legalidad actual. El jueves hablará en ese foro el abogado Iñigo Iruin, y en enero lo hará Xabier Arzalluz.

La también diputada socialista Gemma Zabaleta ha acusado al consejero Sabin Intxaurraga de "desinterés" por activar las transferencias pendientes en ese departamento, gestionado por el PSE hasta su salida del anterior Gobierno. Zabaleta considera "insuficientes" las gestiones realizadas ante el Ejecutivo central y considera que Intxaurraga se encuentra "cómodo" sin tener la responsabilidad en materias como las prisiones.

El consejero detalló recientemente en una respuesta parlamentaria las gestiones realizadas, consistentes en dos cartas y una reunión con el director general de Instituciones Penitenciarias, fechadas en febrero y marzo de este año. Según Intxaurraga, el departamento propuso este otoño tres fechas distintas para volver a reunirse y ninguna de ellas convino a la Dirección de Instituciones Penitenciarias.

El diputado socialista Víctor García instó ayer a los profesionales de la Administración de Justicia a hacerse oír y defenderse frente a lo que considera "la injerencia política del nacionalismo en el desarrollo de sus funciones". García lanzó esta llamada unida a su crítica al viceconsejero de Justicia, Abel Muniategi, por haber participado la semana pasada en un foro organizado por el Sindicato de Abogados Euskaldunes, bajo el lema Justicia propia vasca. El viceconsejero acudió como representante de su partido,EA, pero el diputado socialista considera que "pedir, como ha hecho Muniategi, un marco jurídico propio para Euskal Herria en el contexto de la construcción nacional supone una descarada toma de partido". Esta toma de posición sería, a juicio de García, "incompatible" con el ejercicio de su cargo, ya que "difícilmente se puede estar al servicio de una Administración de Justicia en la que no se cree".

El departamento que encabeza Sabin Intxaurraga ya se ha visto envuelto antes en polémicas por actividades públicas de sus responsables. La oposición ha cuestionado al propio Intxaurraga, primero por participar en una de las reuniones del Foro Irlanda, del que salió el Acuerdo de Lizarra, y más tarde por sumarse a una sentada por los presos de ETA. PASA A LA PÁGINA 3

VIENE DE LA PÁGINA 1 Desde el punto de vista formativo se dan dos momentos: de los 3 a los 12 años, que es la Enseñanza Primaria, donde hay unos objetivos y unos sistemas de evaluación propios, y el tramo de 12 a 18 años, que corresponde a la Educación Secundaria Obligatoria.

"Son tramos separables académica y metodológicamente. La convivencia de esos dos tramos en el mismo centro puede plantear tantos problemas como ventajas. La estructura que teníamos en la red pública, colegios de EGB y centros de enseñanzas medias, hacía imposible plantear una estructura de centros integrales. Se ha ido a complejos educativos por zonas u ofertas integrales por zonas", razona Unceta. Así, hay muchas ofertas públicas donde el cambio del centro de Primaria a Secundaria consiste en cruzar una acera porque el nuevo colegio está a la vuelta de la esquina, en el mismo barrio que el anterior.

"No está probado educativamente que los centros integrales ofrezcan una calidad de enseñanza mejor que los demás. Aparentemente tienen la ventaja de vinculación a un solo centro educativo para toda la vida, pero en la práctica puede tener otros problemas", incide el viceconsejero.

Decisión política

El Mapa Escolar diseñado por el departamento en 1995 articula dónde tiene que ir el alumno en cada etapa de su formación. La Educación Primaria la realiza en un colegio, la Secundaria en otro diferente (hay colegios de la red pública que disponen de las dos ofertas) y si desea seguir estudiando deberá elegir entre hacer el Bachillerato en otro centro o acudir a un Instituto de Formación Profesional Superior.

De este modo, desde los 3 hasta los 18 años el alumno habrá conocido al menos tres ubicaciones diferentes. Mientras los centros públicos tuvieron que soportar el cambio derivado de la reforma, la red privada apenas experimentó variaciones en su modelo.

Si la relación entre ambas redes es abrumadoramente favorable a la segunda al hablar de educación integral, las diferencias en cuanto a número de colegios con oferta de Primaria y Secundaria a la vez se reducen: 95 de la red privada frente a los 93 de la pública.

Javier Nogales, representante de CC OO, cree que el sistema público juega con desventaja respecto al privado. "El Mapa Escolar fue una decisión política. Es algo que tiene que afectar a las dos redes y no sólo a una. La red privada concertada debe servir para complementar el servicio que ofrecen los colegios públicos, pero en Euskadi no es así. Los intereses de la patronal privada han influido para que no les afecte el cambio. A un padre le resulta más interesante la idea de que su hijo pueda estudiar siempre en el mismo colegio".

Según Nogales, es preciso revisar la tipología de los centros públicos porque no existe un modelo intermedio. "Prácticamente no hay centros de 500 o 600 alumnos, una cifra razonable que garantiza la gobernabilidad del colegio".

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación de Padres de la Escuela Pública de Vizcaya, Ana Izagirre, observa ventajas e inconvenientes en los centros integrales. "Cada etapa educativa tiene que estar perfectamente diferenciada de la siguiente y a veces en un centro integral eso queda difuminado. Lo que sí hay que hacer es mejorar la coordinación entre los colegios de Primaria y de Secundaria", señala.