Una operación ya escudriñada por la Fiscalía Anticorrupción

La ambiciosa Operación Chamartín ha sido objeto ya de diversas denuncias. La Fiscalía Anticorrupción llegó a estudiar y archivar una de ellas que afectaba al ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado. La fiscalía no apreció prevaricación ni uso de influencias en el hecho de que un ex socio de Arias-Salgado, Ricardo Egea Krauel, fuera el encargado de mediar entre la empresa Duch y Renfe para limar diferencias sobre el contrato adjudicado a la primera en 1994 y que ponía en peligro su continuidad.El querellante, Rafael Vázquez Delgado, recogía una información del 7 de diciembre de 1998 del Diario de Negocios Inmobiliario que señalaba así: "Es a partir de ese momento cuando Duch-Argentaria decide echar toda la carne en el asador haciendo llegar el problema hasta el ministro Rafael Arias-Salgado a través del abogado Ricardo Egea, procedente del BBV y antiguo compañero del ministro en al menos tres consejos de administración: Las Merinas, SA; Promotora Mallorquina de Inversiones y Promotora de Inversiones y Servicios de Baleares".

Reunión

Según el querellante Vázquez Delgado, el ministerio emitió informes en contra de la ampliación de la operación en favor de Duch, situación que aparejaría la suspensión del contrato. Sin embargo, el querellante agrega que "según lo acordado en la reunión celebrada en el despacho del ministro el 5 de diciembre de 1996, Renfe no sólo no prepara la resolución del contrato, sino que en contra de sus servicios jurídicos y de los informes existentes en el Ministerio de Fomento, procede a modificar la adjudicación, suscribiendo con Duch el 11 de marzo de 1997, con el denominado documento de adecuación al de adjudicación. Por el referido documento, Renfe no sólo da por incumplida la condición suspensiva, sino que además concede a la adjudicataria una ampliación del ámbito de atribución de derechos sobre sus terrenos, cuya superficie pasa de los 625.211 metros cuadrados a los 1.850.000 metros cuadrados".