La Fiscalía del TSJC pide prisión para directivos de la Junta de Aguas

,La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido dos años de prisión para el ex presidente de la Junta de Aguas de la Generalitat Jordi Joan Rosell y otros dos para el jefe del Servicio de Cuencas del centro de la misma junta, Joan Lluís Escriu, por un presunto delito de prevaricación cometido al autorizar una captación "ilegal" de agua del río Cardener. Además de las citadas penas de prisión, la fiscalía pide que sean inhabilitados para el desempeño de cargo público durante un periodo de nueve años y un día. Rosell ocupa el cargo de director general de Obra Civil de la empresa pública Gestió Infrastructures, SA (GISA), dependiente de la Generalitat.De acuerdo con las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Radio Barcelona, el presunto delito de prevaricación fue cometido al haber concedido "de forma ilegal, arbitraria y contraria a los intereses generales" el permiso para la captación de aguas del río Cardener a la empresa Hilatex, ubicada en la Colonia Valls de Navàs (Bages).

La captación "abusiva" de aguas efectuada por Hilatex, necesaria para alimentar una pequeña central hidroeléctrica, se llevó a cabo entre los años 1994 y 1997 y, según el fiscal, como consecuencia de ella el río Cardener se quedó sin caudal en diversos periodos, lo cual supuso "una masiva mortandad de peces". La actuación de Hilatex, que fue denunciada en cuatro ocasiones distintas por inspectores de la Junta de Saneamiento de la Generalitat ante sus superiores, ha comportado que el fiscal acuse a los empresarios responsables de la pequeña central hidroeléctrica, Narcís Barceló y José Luis Orts, de cometer un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Por este delito, el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 5,4 millones de pesetas para cada uno de los acusados, además de tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades industriales. Como medida adicional, la fiscalía también pide la clausura temporal de Hilatex durante cinco años, que se podría reducir si la empresa obtiene una autorización para la captación de aguas públicas "ajustada a derecho".