Los regantes y el Ayuntamiento de Pego cierran con cadenas los accesos a las bombas que desecan el marjal
Varias cadenas impedían ayer el paso en todos los accesos a las estaciones de bombeo ubicadas en el interior del parque natural del marjal de Pego-Oliva. Esta ha sido la medida adoptada por la Comunidad de Regantes de Pego y el gobierno municipal de esta población, que dirige el independiente Carlos Pascual, después de que el pasado miércoles fueran retirados los precintos que un día antes había puesto la Guardia Civil en las bombas, en cumplimiento de una orden del juzgado de Dénia que prohibe el uso de los motores utilizados para la desecación del humedal.Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante aseguraron que en la mañana de ayer se volvieron a precintar los motores, pero no tenían conocimiento de si el Consistorio y los agricultores pegolinos tenían intención de respetar esta vez el mandato de la juez. Este diario tampoco pudo acceder a la estación de bombeo, porque las cadenas impedían el paso a las instalaciones.
A mediodía de ayer, Carlos Pascual intervino en la radio local de Pego y manifestó que "no hay justificación" que impida el bombeo de agua que se ha estado haciendo hasta ahora. El alcalde argumentó que el uso de las bombas "mantiene los niveles óptimos para que los cultivos de naranjos y de hortalizas", plantados de forma ilegal en el marjal, así como el nivel freático del resto del parque natural. En cuanto a las conversaciones que el Consistorio y la Comunidad de Regantes de Pego mantienen con la Generalitat para solucionar el conflicto del marjal, Pascual aseguró que "van por buen camino". Aprovechó también su intervención para arremeter contra la prensa, los partidos políticos de oposición en Pego, el BNV y el PSPV, y las agrupaciones ecologistas. A todos los acusó de "intoxicar y crear un clima desestabilizador para las negociaciones".
Por su parte, la asociación Acció Ecologista-Agró instó ayer, a través de un comunicado de prensa, al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a "explicar a la opinión pública las actuaciones políticas y administrativas que el Consell ha realizado en Pego" tras las últimas acciones en el marjal.
Según Acció Ecologista-Agró, el Gobierno valenciano "no puede limitarse exclusivamente a acudir a los juzgados, obviando sus responsabilidades de hacer cumplir la Ley de parques Naturales", y recuerda que la Policía Autonómica tiene atribuciones en temas medioambientales.
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