El juez considera legal aunque merecedora de "reproche político" la compra de los ecoparques en Valencia
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, ha archivado la querella presentada por el PSPV contra el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia, al que acusaba de un delito de fraude por haber pagado a una contrata municipal 117 millones de pesetas por dos terrenos adquiridos pocas semanas antes por ésta por tan sólo 51 millones. Blázquez entiende que no existe "prueba de cargo suficiente" para procesar al concejal que efectuó la operación, Silvestre Senent, que adquirió los terrenos para instalar en ellos dos ecoparrques. El entonces -junio de 1998- edil de Medio Ambiente calificó en su día de poco ética la actitud de CERYP SA, la empresa que obtuvo un beneficio del 130% con la venta de los solares.
El juez también alude en se decisión a la vertiente político-moral del asunto. Si bien Blázquez establece que la transacción no merece castigo legal -fue abortada por las críticas de la oposición y un informe contrario del secretario municipal-, el magistrado plasma veladamente la opinión que le merece la operación. "No han quedado suficientemente probados los hechos que se imputan, o lo que es lo mismo,no hay prueba de cargo sobre hechos que podrán dar lugar a un reproche político, pero insuficientes para una acusación incriminatoria".
El juez explica en su resolución que el perjuicio para el erario público denunciado por el PSPV y por un informe del secretario del ayuntamiento no se llegó a consumar, ya que, por voluntad municipal y a instancias de los administradores de CERYP, el ayuntamiento sufragó la operación mediante la permuta de terrenos, por lo que no desembolsó cantidad alguna. Por todo ello, pueden "deducirse sospechas, suposiciones, asomos" o "conjeturas", pero, "no obstante las dudas existentes", dice el auto, no hay "pruebas reales" para presumir la concurrencia de delito alguno.
