El Gobierno sacará a concurso los contratos de electricidad, teléfono, correo y carburantes

El Gobierno está dispuesto a sacar partido de la liberalización y constatar por sí mismo si existe competencia o no en los sectores eléctrico, de telecomunicaciones, correos y carburantes. Según un estudio de la Dirección General de Patrimonio, el dinero público que se destina anualmente a la contratación de estos servicios alcanza 104.300 millones de pesetas y es posible ahorrar hasta un 20% gracias a la liberalización. Con ese fin, el Ejecutivo tiene previsto obligar a los distintos departamentos ministeriales a sacar a concurso los contratos para la prestación de estos servicios.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros una directiva que obligará a los órganos de contratación de los ministerios a convocar concursos para la contratación de estos servicios. Según lo previsto, los trámites para la convocatoria de concursos se prolongarán entre dos o tres meses, por lo que no se resolverán hasta la próxima legislatura.La iniciativa, que responde a un acuerdo del Consejo del pasado 18 de marzo, ha sido promovida por el Ministerio de Economía y dirigida por la Dirección General de Patrimonio, que, desde esa fecha, ha recogido y analizado los datos sobre el gasto por este tipo de servicios en la Administración.

La apertura a la competencia por parte de la Administración es, además, una de las demandas de los nuevos operadores en estos sectores. Con todo, el efecto de la introducción de este procedimiento en los distintos ministerios será limitado sobre el gasto.

De hecho, la Administración tiene compromisos ya adquiridos, por ejemplo, a través de un convenio con Correos, y aún choca con algunas dificultades en el proceso de apertura a la competencia, como la disponibilidad de infraestructuras alternativas en el caso de la electricidad y las telecomunicaciones.

Aun así, los informes de la Dirección General de Patrimonio del Estado señalan que el ahorro que se puede conseguir es importante (entre un 10% y un 20%, según los sectores) y que, además, los concursos pueden actuar como un revulsivo a las empresas para que intensifiquen la competencia entre ellas.

La mayoría, en Defensa

Según Patrimonio, el Estado dedica anualmente 104.288 millones de pesetas a la contratación de servicios afectados por la liberalización. Un 30% del total va a parar al sector eléctrico; un 27% a las telecomunicaciones; un 12% se dedica a los servicios postales y un 31%, a carburantes.

Dentro de esos sectores, el gasto total afectado por la liberalización, es decir, aquel tipo de servicios de los que se puede sacar partido de la competencia, alcanza 59.300 millones de pesetas. Defensa es el departamento que más dinero dedica a servicios en los que ya existe competencia, un 32% del gasto total, seguido por Interior (18%), Trabajo (13%), Sanidad (12%) y Economía. Sólo estos cinco departamentos se reparten el 85% del gasto público total en estos servicios.

La prioridad del Gobierno es ahora la electricidad. El gasto público en este sector ronda los 30.900 millones de pesetas, aunque por ahora sólo puede ser objeto de licitación el gasto generado por los contratos de consumo anual superior a un gigavatio.

La Administración tiene posibilidad de sacar a concurso unos 304 contratos de este tipo (1 Gw), que suponen un desembolso anual de 15.000 millones de pesetas. Según los informes previos, los concursos pueden generar ahorros de hasta el 20%, es decir, alrededor de 3.000 millones de pesetas anuales para la Administración.

En este aspecto, el Gobierno pretende utilizar la experiencia de grandes empresas públicas y privadas que ya han sacado a concurso sus contratos de gran consumo para agilizar los trámites y obtener mayores descuentos.

Le sigue en importancia el sector de las telecomunicaciones, en el que, de hecho, ya hay algunos ministerios y organismos públicos (Medio Ambiente, Sanidad, Economía, la Dirección General del Tesoro o el Catastro) que han emprendido la vía de los concursos para ahorrar costes. En la actualidad, el tipo de servicios que se estima puede salir a concurso supone un gasto anual de 29.000 millones de pesetas.

Esta cifra se aleja de las estimaciones realizadas por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (Astic), que colocan el gasto total por encima de 250.000 millones de pesetas en 1998. El ahorro se calcula entre un 10% y un 15%, lo que significa entre 2.900 y 4.300 millones de pesetas al año.

Deuda pendiente

En la actualidad Telefónica presta prácticamente la totalidad de los servicios a la Administración y sus responsables han esgrimido en ocasiones la deuda del Estado (por encima de 50.000 millones de pesetas, según la compañía) como argumento contra la apertura de concursos.

Según el informe de Patrimonio, el 79% del gasto en telecomunicaciones de voz (74% fijas y 2% móviles) y un 21% a datos. Una de las decisiones pendientes antes de que se lancen los concursos es determinar si el Gobierno creará un órgano central que coordine, analice y promueva todos los servicios de telecomunicaciones en los ministerios y organismos públicos o dejará que cada uno lo haga por su cuenta.

El debate guarda relación con la posible creación de un nuevo departamento de tecnología e innovación que asumiría también competencias en telecomunicaciones con rango de ministerio.

En lo que respecta a los servicios postales, las posibilidades del Gobierno son más limitadas, ya que existe un convenio con Correos. La aplicación de ese convenio en 1998 ha permitido reducir el gasto anual, situado por encima de 12.380 millones de pesetas, en más de 3.700 millones, casi un 30%. En la actualidad, Correos acapara el 88% del gasto público en este capítulo.

Respecto al consumo de carburantes (32.658 millones de pesetas anuales), el Gobierno se plantea introducir también medidas de control mediante sistemas electrónicos en los vehículos que permitan conocer los itinerarios y otros datos, ya que la licitación está bastante extendida.

También se baraja la creación de un órgano central de adquisiciones, aunque existe un cierto temor entre departamentos, ya que las necesidades de cada uno son distintas, y las compañías suministradoras no siempre cuentan con una red capaz de llegar a todos los puntos. A ese respecto es importante el hecho de que el Ministerio de Defensa realiza el 74% del gasto total, seguido de Interior (14%) y Sanidad (6%).