Ruiz-Gallardón está dispuesto a abrir 'narcosalas' pese a la oposición de un organismo de la ONU

La ONU no mira con buenos ojos las narcosalas como la que se abrirá en Madrid en febrero próximo con el visto bueno del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. La polémica ha estallado de nuevo después de que el primer ministro de Australia, John Howard, haya solicitado que se suspenda la apertura de una narcosala proyectada en el Estado de Nueva Gales alegando que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, reprueba tales establecimientos. "Nosotros no vamos a incumplir ningún convenio porque no vamos a ayudar a inyectarse al toxicómano, lo que en cambio sí estaba contemplado en el proyecto de Australia", dice José Cabrera, gerente de la Agencia Antidroga.

"El Gobierno de España ni siquiera nos ha informado del proyecto de narcosalas. Nos hemos enterado por la prensa. Pero no podemos ser nosotros quienes llamemos a su puerta para dar consejos", declaró ayer, sorprendido, Herbert Schaepe, secretario de la JIFE. Este organismo, en su informe de 1998, "insta a todos los Estados a que consideren detenidamente todas las consecuencias" de tales establecimientos.El proyecto de narcosalas, que durante los últimos meses ya ha sido objeto de fricciones entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, vuelve a ser objeto de polémica. Ahora, la espoleta ha sido la disposición del primer ministro australiano para que no se abra una narcosala en Nueva Gales. Inmediatamente se ha trasladado el caso australiano a Madrid.

Sin embargo, José Cabrera, director gerente de la Agencia Antidroga, asegura que el plan previsto en Madrid no tiene nada que ver con el de Australia. "Por lo que yo sé, en Australia iban a abrir salas de venopunción atendidas por personal sanitario sin especificar, que, en el caso de que el drogadicto lo necesitara, le ayudaría físicamente a inyectarse. Eso no es lo que va a ocurrir en Madrid. Si se hiciera eso, incurriríamos en delito", explica.

"Nosotros vamos a poner en la narcosala un dispositivo multiprofesional -asistentes sociales, médicos, enfermeras- que en ningún caso van a ayudar a pincharse al drogadicto", agrega Cabrera. "Nadie va a tocar a esa persona ni la papelina que se vaya a inyectar. Eso sí, si sufre algún problema o una parada respiratoria, se le practicará la respiración y se le trasladará rápidamente a un hospital en la ambulancia que estará permanentemente en la puerta de la sala de venopunción", recalca.

Derecho a "picarse"

El celo con que se respetará la ley en la proyectada sala de Las Barranquillas -la primera que se abrirá en Madrid- es tal, que incluso habrá un vigilante jurado que impedirá incluso que un toxicómano inyecte la heroína otro. "Nuestra postura es facilitar que esas personas se administren la dosis en las mejores condiciones higiénicas y evitar la propagación de enfermedades contagiosas. Las personas tienen derecho a picarse heroína y el Código Penal no lo impide", mantiene Cabrera.

La sala de venopunción o narcosala, que se instalará en el poblado de Las Barranquillas (Vallecas Villa), funcionará a finales de febrero, según anunció ayer en la Asamblea el presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón. Éste aseguró que el proyecto de Madrid "no tiene nada que ver con el de Australia".

El pasado día 2, la Comunidad de Madrid informó en un comunicado oficial que "el Gobierno de Madrid abrirá en enero el primer punto de venopunción, que tendrá capacidad para atender a 150 personas diarias", tras el apoyo recibido por todas las administraciones e instituciones implicadas en la lucha contra las drogodependencias.

Ruiz-Gallardón explicó que el proyecto australiano, recriminado ahora por la ONU, prevé la "administración asistida de droga", algo que no se hará en la narcosala madrileña. Se mostró seguro de que esta "iniciativa contribuirá a reducir la mortalidad de los drogodependientes y las enfermedades infecto-contagiosas".

El Gobierno regional invertirá el año 2000 unos 20 millones para la adquisición del local, 7 millones para obras de acondicionamiento y 80 millones para su funcionamiento.

Javier Hernández, portavoz del Plan Nacional sobre Drogas, replicó ayer a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), diciendo que el programa previsto en Madrid "no incumple ninguna convención de la ONU, sino que es un método para la reducción de daños", al garantizar la higiene y evitar la propagación de enfermedades.

"El dispositivo que se propone desde la Comunidad de Madrid es el de reducción del daño, en el cual el usuario entra en la narcosala con su droga, se inyecta él solo y tiene la posibilidad de analizar él mismo la sustancia que se va a suministrar", reiteró Cabrera, quien está convencido de que esto "no tiene ninguna traba legal en España". Cabrera se reunirá la próxima semana con el fiscal Antidroga, Juan Ortiz Úrculo, para "limar las suspicacias" que pueda suscitar en los fiscales el funcionamiento de la sala de Las Barranquillas.

En Europa hay dispositivos de inyección en Austria, Suiza, Holanda y Alemania, gestionados y supervisados por instituciones públicas, hasta tal punto que en los locales de Amsterdam (Holanda) la policía colabora con los servicios asistenciales de las salas de venopunción.

Cabrera señala que la JIFE "no tiene claro" el asunto de las narcosalas y se limita a "verlo con preocupación" . Pero fuentes próximas a este organismo de la ONU consideran una contradicción que estén prohibidos la producción y el tráfico de narcóticos y, en cambio, se mejoren las condiciones para su consumo.