La fiscal pide tres años para cinco guardias civiles por contrabando

La Fiscalía solicitó ayer en la Audiencia de Valencia tres años de prisión para cinco guardias civiles acusados de contrabando de tabaco. Según la acusación pública, los funcionarios se organizaron para descargar de un buque amarrado en el puerto de Valencia más de 20.000 cajetillas de cigarrillos, mercancía que, al estar exenta del pago de aranceles, abarataba considerablemente su coste en el mercado negro. Tres de los agentes procesados se negaron a contestar a las preguntas de la fiscal.

Efectivos del Grupo de Investigación Fiscal Antidroga (GIFA) de la Guardia Civil detuvieron a sus compañeros durante la madrugada del 25 de febrero de 1998, a consecuencia del dispositivo de vigilancia preparado después de que unas escuchas telefónicas revelaran la posible existencia de un grupo de agentes dedicados al contrabando de tabaco. Los funcionarios del GIFA que declararon ayer explicaron con detalle cómo se apostaron fuera del recinto portuario y en las inmediaciones del domicilio de un sargento -Joaquín J. F.- para observar cómo los acusados, en los vehículos de tres de ellos, transportaban varias cajas con cigarrillos desde el muelle hasta la vivienda del funcionario, ubicada en el mismo distrito marítimo. La Guardia Civil se incautó de la mercancía en el posterior registro domiciliario.

Por el contrario, Enrique Jesús A. F., uno de los dos procesados que contestó a las preguntas de la Fiscalía, negó la mayor: "Yo en ningún momento he visto tabaco". "En los 20 años que llevo en la Guardia Civil", añadió, "nunca jamás he intentado delinquir". En parecidos términos se pronunció Francisco José T. M., que nada hizo aunque observó que alguien sacaba bultos del puerto. "Pero no se si eran de tabaco, ropa o vino", aseguró.

Tráfico de drogas

Este agente reconoció que, en alguna ocasión, compró cigarrillos para su propio consumo en alguno de los buques atracados en el puerto. Los acusados, tras su detención, volvieron a trabajar con normalidad. La investigación del instituto armado sobre agentes de su propio cuerpo se inició con las sospechas de que algunos funcionarios podrían estar involucrados en una red de tráfico de drogas. Sin embargo, las escuchas telefónicas dispuestas con ese objeto provocaron la apertura de nuevas pesquisas, en este caso, relacionadas con un delito de contrabando. En ellas, algunos de los procesados acordaban el momento y lugar en el que desembarcar el tabaco del Gazaquet, un barco argelino. Posteriormente, la Audiencia de Valencia anuló la transcripción de las escuchas, pero no la propia intervención telefónica -realizada con arreglo a lo que establece la ley- y, en consecuencia, tampoco la investigación.

De hecho, la fiscalía solicitó la apertura de una investigación paralela que determine si el tabaco, además, fue sustraido del buque. El Gazaquet partió antes de que la Guardia Civil pudiera interrogar a sus responsables, según declaró ayer el jefe de la operación del GIFA. Los abogados de los encausados, alguno de los cuales puso en duda la existencia del tabaco supuestamente incautado, volvieron a criticar la investigación judicial para, finalmente, solicitar la absolución de sus clientes.