Un notario acusa a Telefónica de impedirle ejercer sus funciones

El notario de Granada Santiago Marín López ha denunciado a Telefónica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital y ante la junta directiva de su Colegio Notarial, después de que la empresa de telecomunicaciones le impidiera desarrollar su labor como fedatario público en la reclamación de un cliente supuestamente afectado por un mal servicio de la empresa privatizada.A requerimiento de su cliente Rafael Pérez Gómez, el notario intentó entrevistarse con personal de Telefónica con el fin de averiguar por qué se le había cortado "sin aviso previo" una línea telefónica RDSI y hacer constar la razón en un acta.

En sus diligencias, el notario explica que todos sus intentos por entrevistarse físicamente con personal de la empresa fueron infructuosos. Telefónica, que cerró hace meses sus oficinas de atención al público, remitió siempre al fedatario público al teléfono de información 1004. "Tras una larga disertación [telefónica]", explica Santiago Marín en sus diligencias, "[un trabajador de este servicio] me indica que puedo enviar el requerimiento por fax al centro de atención de negocios, y al decirle que no es ése el procedimiento reglamentario, me dice que también por fax comunique lo que necesito a dicho centro de negocios" en un número de teléfono con prefijo de Madrid.

Responsabilidad penal

Ante esta actitud que "dificultaba e impedía al notario el ejercicio de su ministerio", Santiago Marín consideró aplicable por analogía el artículo 61 del Reglamento Notarial y puso el caso en conocimiento del Juzgado de Instrucción. El artículo 61 explica, textualmente, que "el notario requerido para ejercer su ministerio, a quien se impida o dificulte el libre ejercicio de sus funciones con injurias, amenazas o cualquier forma de coacción, lo hará constar (...)". Esta obstrucción a la labor notarial puede dar lugar a responsabilidades penales de Telefónica.

El notario Santiago Marín explicó que la empresa de telecomunicaciones ha sido la primera persona jurídica o física que le ha impedido desempeñar su trabajo en toda su carrera.

Su cliente Rafael Pérez Gómez, profesor de la Universidad de Granada, requirió la mediación de un notario para intentar averiguar por qué Telefónica le cortó una línea RDSI que le fue instalada el pasado 1 de septiembre. "Casi dos meses después, el 26 de octubre, Telefónica, sin previo aviso, me cortó la línea y le asignó mi número a una empresa", asegura. "Nadie en Telefónica supo explicarme a qué se debió este corte. Y cuando pedí entrevistarme físicamente con una persona me dijeron que Telefónica sólo recibe a empresas, pero no a particulares. Desde entonces sigo sin teléfono y comunicándome con un móvil".

Pérez Gómez asegura sentirse "indefenso": "Si Telefónica no da explicaciones a un notario, menos aún me las dará a mí".