El rigor ha huido del PP

La política de privatizaciones en España ha modificado la estructura de poder económico, desplazando éste hacia grupos con los que los más destacados dirigentes del PP vienen desde antaño articulando intereses. Pese a su trascendencia, esta operación pasó casi desapercibida ya que la opacidad de su materialización no desencadenó graves controversias. Algo parecido ocurrió cuando el Gobierno procedió a modificar el IRPF. El triunfo del planteamiento regresivo sobre el progresivo, aunque no estuvo oculto, tampoco originó un coste político significativo al PP.Las primeras críticas que el PP recibió, como consecuencia de sus decisiones de política económica, aparecen cuando el Gobierno de Aznar estableció por Ley que los costes de transición a la competencia (CTC) de las eléctricas eran un derecho. Muchos ciudadanos volvieron a ver en "el billón de las eléctricas" ese grosero mecanismo por el que se transferían recursos públicos hacia aquellos sectores con los que el PP desde antiguo venía cultivando afinidades.

Un aldabonazo de intensidad inusitada se ha dejado sentir cuando se han conocido los beneficios desproporcionados y escandalosos que van a recibir un conjunto de gestores de una empresa recientemente privatizada; seleccionados a través de ignotos criterios se pretende que nunca se sepa ni la identidad de los mismos, ni la cuantía de los ingresos que por la vía de las opciones sobre acciones (stock options), obtendrán. Como un reguero de pólvora se ha extendido la idea de que en esta ocasión nos encontramos muy alejados de una situación en la que los denominados vicios privados van a cristalizar en virtudes públicas.

Conscientes de que el derecho de opción se encuentra en estado virgen propusimos al Parlamento que éste fuera correctamente encauzado y regulado. Vistas las lagunas detectadas los parlamentarios socialistas nos mostramos partidarios de una normativa precisa, detallada y ponderada que incidiera en la mayoría de los problemas que han ido detectándose. Para nosotros, el sistema de mercado ha de ser un sistema de justicia en el que no pueden quedar desdibujados los límites de la responsabilidad. En el que la legítima defensa del interés personal ha de ir acompañada de límites y obligaciones cívicas. Buscamos, para ello, un interés personal instruido, que admita que los derechos de propiedad no son absolutos, ni incondicionales y, sobre todo, que son compatibles con el respeto de otros derechos por parte de los demás ciudadanos.

La pretensión de que se construya un régimen jurídico, para el derecho de opción, ha tropezado con la oposición del Gobierno quien con reiteración ha sostenido el carácter privado de esta cuestión situándola, tan sólo, en el ámbito del buen gobierno de las empresas, con lo que se eximia a sí mismo de cualquier responsabilidad respecto de él. Ha sido el vicepresidente y ministro de Economía, quien ha liderado este posicionamiento, en cuya defensa se le ha visto huir de la búsqueda de una solución equilibrada y equitativa, para pasar a observar como un mero espectador, una operación que ni quiere evitar, ni quiere regular. Su solución se ha limitado a proponer "dos artículos que están en el Senado" que hagan más transparente el gobierno de las empresas y el sistema de retribución.

Planteado el problema de esta forma, la solución al mismo se encuentra en analizar esos dos artículos que Rato ha enviado al Senado, para ver si su contenido logra restaurar el equilibrio perdido y reducir la alarma que se ha instalado entre los ciudadanos. A esa propuesta habría, además, que exigirle rigor y seriedad. Virtudes que -aunque quizás Rato no sepa- están junto a la razón en el origen de la política moderna. Conjugarlas implica abordar este asunto desde las más amplias perspectivas sociales. La razón no puede ser bruscamente sustituida por el mercado, puesto que resultaría muy evidente que -en este caso- ello conllevaría serias concesiones al poder y al dinero.

Visto el contenido de la propuesta de Rato, hay que decir que ha frustrado cualquier pretensión equilibradora, puesto que no va más allá de ser una regulación deficiente, engañosa y deliberadamente confusa, en la que sólo se modifica someramente la Ley del Mercado de Valores y la de Sociedades Anónimas. Y en la que, aunque no se cita, se contempla expresamente la situación de Telefónica.

La modificación de la Ley del Mercado de Valores diferencia el régimen jurídico de los administradores del que se fije para los directivos. El régimen mercantil de los administradores exige que los estatutos de la sociedad provean expresamente un sistema de retribuciones vinculado al valor de las acciones, que será aprobado en su Junta General y comunicado a la CNMV. Dicha información será detallada e individualizada. Los directivos sólo habrán de tener el acuerdo de la junta. Los datos que, sobre ellos, se incorporen al folleto registrado en la CNMV, podrán estar agregados. Además, el Gobierno desarrollará reglamentariamente el plazo, la forma y el alcance de esta comunicación.

Pues bien, si la transparencia es el mejor desinfectante que puede emplearse para hacer frente al escándalo, a la agresividad, al culto a la apropiación y al abuso, es posible sostener que las enfáticas manifestaciones que, en su favor, se han escuchado las últimas semanas, por boca de dirigentes del PP, no se han visto reflejadas en las enmiendas presentadas por este partido en el Senado. Una vez más, ha triunfado la opacidad y el deseo de proteger a tan desproporcionadas percepciones.

El caso particular de Telefónica, está siendo salvaguardado a través de otra enmienda, la segunda de las anunciadas por Rato, que añade un nuevo párrafo a la Ley de Sociedades Anónimas, en donde se dice que "el ejercicio y la enajenación de los derechos de opción sobre acciones concedidas antes del 1 de enero del año 2000, a los administradores de una sociedad cotizada en bolsa en ejecución de sistemas de retribución de la misma, en el supuesto en que no esté expresamente prevista en los Estatutos Sociales esta remuneración, requerirá en todo caso la previa aprobación de la Junta General de Accionistas". La intención de subsanar la laguna estatutaria y, en consecuencia, la irregularidad cometida, es evidente.

Las cosas no quedan ahí, si los directivos enajenaran derechos de opción sobre acciones concedidos antes del 1 de enero del 2000 "precisarán en todo caso de la previa aprobación de la Junta General de Accionistas en el supuesto de que la mencionada concesión no hubiera sido expresamente aprobada por esta última". Ahora, lo que se subsana es la carencia de un acuerdo que debió tomar, en su momento, la junta de accionistas.

Una condusión quiero extraer. Siempre he creído que los conservadores españoles eran políticamente un producto escasamente sofisticado. Hoy me ratifico en ello. En este asunto, que han pretendido presentar como el cliché de los tiempos modernos, el PP no ha hecho otra cosa que legalizar el fraude, cubriendo una de las más monumentales dentelladas de tiburón que se han producido en España en la segunda mitad del sigloXX. Lamentablemente, lo han hecho con infinito descaro.