CiU arranca al PP más derechos para los inmigrantes legales a costa de los 'sin papeles'

La Comisión Constitucional del Senado aprobó ayer, con los exclusivos votos del PP y CiU, la proposición de Ley de Extranjería, sustancialmente modificada con más de un centenar de enmiendas pactadas entre esos dos grupos. El nuevo texto, que requiere una mayoría absoluta en el Congreso para quedar refrendado, es mucho menos generoso con los inmigrantes que el aprobado por unanimidad en la Cámara baja el pasado 25 de noviembre, pero no llega a los extremos restrictivos que pretendía el Grupo Popular con las 112 enmiendas que presentó el martes.CiU ha arrancado importantes mejoras para los inmigrantes legales -sobre todo, en comparación con la vigente ley de 1985-, a los que se reconoce, por ejemplo, el derecho al reagrupamiento familiar, que no será potestativo de la Administración, así como el ejercicio de los derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga, entre otros, en las mismas condiciones que los españoles.

Los grandes sacrificados del pacto han sido, sin embargo, los extranjeros en situación irregular, a los que el proyecto inicial pretendía equiparar parcialmente con los inmigrantes legales, basándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a los que sólo se reconoce el acceso a la sanidad, la educación obligatoria y las prestaciones sociales básicas, que ya estaban en el texto del Congreso y ni siquiera el PP se atrevió en enmendar.

El mecanismo de regularización permanente de todos inmigrantes que puedan acreditar dos años de permanencia en España desaparece. En su lugar, se dará la residencia legal a quienes hayan tenido un permiso temporal y lo renovasen en una ocasión, en vez de dos como propuso el PP. A esta medida no podrán acogerse los inmigrantes que llegan en patera ni los que entran con un visado turístico y luego se quedan. Unos y otros tendrán que seguir en la clandestinidad, pues el PP y CiU han endurecido el capítulo de sanciones, incluyendo la expulsión de irregulares, lo que no figuraba en el texto que aprobó el Congreso.

El portavoz del Grupo Catalán, Josep López de Lerma, justificó el olvido de los sin papeles alegando que ninguna ley puede premiar su incumplimiento y que "no existe ningún país en el mundo al que uno pueda entrar ilegalmente y tener derechos".

El otro punto del proyecto que preocupaba especialmente al Gobierno era la necesidad de justificar la denegación de visados, lo que abría la vía a los recursos judiciales. El nuevo texto se remite a la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite recurrir cualquier acto de la Administración, aunque esta remisión resulta poco útil, ya que los tribunales difícilmente pueden juzgar una decisión sin conocer el motivo por el que se ha tomado.

El Grupo Catalán ha conseguido que en dos supuestos, como excepción, haya que motivar la denegación del visado: cuando afecte a permisos de residencia para reagrupación familiar o se disponga de una oferta de trabajo por cuenta ajena.

El pacto se cerró a altas horas de la madrugada del viernes, durante una reunión que se celebró en la sede central del PP, entre López de Lerma, el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, en contacto telefónico con el subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo.El acuerdo se plasmó por la mañana en el Senado, donde CiU apoyó 71 de las 112 enmiendas del PP. Otras 35 fueron transaccionadas y cinco más retiradas; entras ellas, la disposición adicional que modificaba la Ley de Asilo y Refugio de 1994.

El portavoz popular en el Senado, Estaban González Pons, se mostró satisfecho del acuerdo, pese a reconocer que se han rebajado sus enmiendas. López de Lerma se felicitó por haber "reconducido" el giro regresivo que el PP pretendía dar a la ley, consiguiendo un texto que "apoya la integración social de los inmigrantes" y reduce "la discrecionalidad" de la Administración.

El resultado, agregó, es una "fotocopia borrosa" de la proposición que CiU presentó en el Congreso en 1998, por lo que todos sus objetivos "se han cumplido". Tras negar cualquier relación entre este acuerdo y el respaldo del PP catalán a la investidura de Jordi Pujol, concluyó: "Lo único que nos ha dado el Gobierno son quebraderos de cabeza".