Demasiado euforia del Gobierno

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 se presentan en una cómoda coyuntura económica, similar a la disfrutada durante el resto de la legislatura. En este tiempo, la riqueza creada ha crecido a buen ritmo, se han estabilizado los precios, se han reducido los tipos de interés y se han creado un número importante de empleos, si bien todavía se mantiene una excesiva falta de estabilidad en los mismos. Una evolución positiva de variables muy importantes, de la que hay que congratularse y desear su continuidad el tiempo más dilatado posible para poder luchar contra el alto desempleo, que sigue siendo el principal problema de la sociedad española.El Gobierno se atribuye todos los méritos destacando su gestión al reducir el déficit público, rebajar los impuestos, a la vez que consolidaba el gasto social. Con carácter previo, si los responsables económicos fueran más objetivos, compartirían los éxitos con el conjunto de la sociedad y serían conscientes de que han visto facilitada su labor por decisiones anteriores y variables exógenas nada despreciables. Siendo un poco más exigentes, los resultados obtenidos pueden ser valorados con menos euforia. Cabe preguntarse si el buen ciclo económico ha sido aprovechado para asentar las bases de crecimiento futuras y si el reparto de los esfuerzos y los beneficios han sido equilibrados. La respuesta es negativa en ambos casos.

Para consolidar bases firmes de crecimiento se debe ampliar y mejorar la base productiva de un país, logrando una superior utilización de los recursos disponibles (trabajo y capital) con objeto de alcanzar una mayor continuidad en la creación de riqueza al aprovechar mejor las etapas al alza de los ciclos económicos y dulcificar los efectos de las fases de caída. Se enumeran tres signos, entre los múltiples posibles, que muestran una dirección diferente: el desequilibrio en la balanza de pagos, el diferencial en la inflación y la inversión en I+D.

1. El déficit por cuenta corriente en 1999 alcanzará una cifra muy elevada (-1,7% del PIB), afortunadamente reducida por el magnífico año del sector turístico (-4,5% del PIB el saldo de mercancías). Para el año 2000 se prevé aumente hasta el -2,4% del PIB en un escenario de fuerte recuperación de las exportaciones. Los argumentos utilizados por el ministro de Economía para evaluar esta situación no son suficientes (crisis internacional y subida del precio del petróleo) y ocultan la verdadera realidad: la estructura productiva española no tiene la dimensión y calidad suficiente para afrontar expansiones de la demanda interna. Los aumentos de consumo e inversión provocan importantes transferencias de riqueza al exterior, a la par que un endeudamiento de los agentes económicos limitando las posibilidades de crecimiento futuras.

2. La inflación española no es preocupante por su cifra (2,4%-2,5%), se puede considerar como estabilidad de precios, pero sí lo es el diferencial con los países de la zona euro, en la medida que disminuye la competitividad de los bienes y servicios españoles. De igual forma es preocupante su dualidad, al contaminar la formación de precios e incorporar inmerecidas transferencias de renta a determinados sectores de actividad.

Dado que no se puede echar la culpa a los salarios, los trabajadores han mostrado un ejercicio de responsabilidad no reconocido; la culpa de la situación se debe buscar en la actitud de los empresarios, al fijar beneficios excesivos y rápidos ayudados por la ausencia de medidas del Gobierno para incrementar la competencia en sectores de actividad clave. El Gobierno amaga pero no da, anuncia medidas pero no legisla y, en cambio, ha desarrollado un proceso de privatizaciones cuyo resultado ha sido cambiar monopolios públicos por privados. La mayoría de la población ha ganado poco mediante las rebajas en los precios de los servicios, y unos pocos grupos económicos/personas han conseguido ganancias multimillonarías mediante distintos instrumentos.

3. El Gobierno anuncia un sustancial aumento de la inversión pública en materia de I+D. Sin embargo, analizando con detalle los proyectos, se observa que la mayoría no son ni investigación ni desarrollo, sino que se corresponden con procesos de fabricación, más en concreto de material militar. Los proyectos que se pueden encuadrar dentro de I+D se limitan al 0,15% del PIB, muy lejos de la media de la Unión Europea y de las necesidades de la economía española.

Ahora bien, los responsables económicos han aumentado las deducciones en el impuesto de sociedades por este motivo, cuantificando la pérdida de recaudación en 60.000 millones de pesetas. Los responsables de Hacienda conocen muy bien la ineficiencia de este sistema ante la inevitable ausencia de control sobre la realización de la inversión y la calidad de los proyectos. No obstante, no sorprende la medida al incluirse dentro de la línea medular de la política económica del Gobierno: la rebaja de la imposición sobre la renta. No confundir en ningún caso con rebaja del total de la presión fiscal que en conjunto ha crecido.

La lista de medidas adoptadas para disminuir las aportaciones de los impuestos directos es amplia y conocida; los resultados, más dudosos. Para el Gobierno, magníficos; para otros, bastante injustos y de dudosa utilidad. En todo caso, en este proceso sería imprescindible disponer de la información adecuada para realizar una evaluación en profundidad, tarea imposible ante el continuo ejercicio de desprecio aplicado por la Secretaría de Estado de Hacienda al no publicar la Memoria Tributaria desde 1995. Aunque parezca increíble en un régimen democrático, no existen datos oficiales correspondientes al conjunto de la legislatura. Habrá que pensar que tienen mucho que ocultar para mantener esta política.

Los análisis de elaboración propia muestran que las reformas aplicadas en los impuestos directos benefician en mucho más medida a las rentas de capital en general y, especialmente, a las personas con ingresos más elevados. Si se suma la imposición sobre el consumo, el resultado para las personas con rentas inferiores todavía empeora más. El peso de los impuestos indirectos ha crecido +1,2 puntos del PIB durante la legislatura.

Un reparto injusto agravado por la contumaz negación del Gobierno a aumentar la protección de las personas en peor situación: los desempleados sin rentas alternativas. Una curiosa decisión totalmente diferente al trato concedido a los pensionistas que, afortunadamente, han podido acceder a mejores prestaciones. Habría que pensar que las decisiones se adoptan con el criterio de la calculadora electoral: los pensionistas son ocho millones y la petición de ampliación de cobertura al desempleo no llegaría en el mejor de los casos a 300.000 personas.

Por último, un breve apunte sobre el saneamiento de las cuentas públicas. Siendo cierta la disminución del déficit público, el grado de saneamiento es muy inferior al publicitado por los responsables económicos. Considerando los pagos excluidos de forma artificial del presupuesto, el déficit de las administraciones públicas roza el 2% del PIB (0,8% oficial).

Los actuales gestores, caso de ganar las próximas elecciones, difícilmente podrán asumir las necesidades de gasto público con el modelo de sistema tributario aplicado, sobre todo si el ciclo económico se desacelera. El saneamiento de las cuentas públicas, menor de lo anunciado, y una renuncia a potenciar la imposición directa reduce seriamente los márgenes futuros de actuación. El Gobierno carece, de forma premeditada, de una base estable de financiación. El sistema tributario creado, además de injusto, tiene serias deficiencias para garantizar la suficiencia que permita a la economía española cumplir con el pacto de estabilidad comunitario en etapas de crisis o de menor crecimiento, y en paralelo mantener el nivel de gasto actual, en especial en su capítulo social. Entonces, el doble discurso del Gobierno será imposible de sostener, por lo que deberá demostrar el apego real a sostener y ampliar un modelo de desarrollo con fuerte carácter social.