Ferrovial exige derechos de reversión sobre el solar del Canal en la plaza de Castilla

. Ferrovial ha recurrido ante el Canal de Isabel II y ante la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad exigiendo derechos de reversión del 10,86% del solar que ocupa el Canal de Isabel II en la plaza de Castilla. En esa parcela, el Gobierno regional quiso hacer el Palacio de Justicia con las plusvalías generadas por la recalificación de una parte del terreno para levantar un rascacielos. La irrupción de Ferrovial en la operación, comprando derechos de reversión a antiguos dueños, frustró todo el plan urbanístico. El Gobierno regional decidió entonces hacer un parque.

Jesús Granda García, representante de la división inmobiliaria de Ferrovial, explica en su escrito de reclamación al Canal de Isabel II que la Comunidad de Madrid ha incumplido la causa de expropiación del terreno ("depósito y anejos del Canal de Isabel II") al iniciar las obras de un parque. Por ello suplica que le devuelvan a Ferrovial el 10,86% del solar de la plaza de Castilla.Carlos Mayor Oreja, consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal de Isabel II, considera absurda e incomprensible la reclamación. "En este caso, no ha habido ningún cambio de uso. Antes era un parque cerrado al público por una valla y ahora va a ser un parque abierto al público. Nos ha sorprendido el recurso de Ferrovial, porque, más allá de la consideración de tipo legal, es poco defendible, desde el punto de vista del interés ciudadano, que alguien intente torpedar una operación tan bonita como ésta".

La reclamación de Ferrovial ha sentado muy mal. Aún recuerdan cómo se frustró en septiembre de 1998 una "bonita operación urbanística" por culpa de la empresa inmobiliaria.

El Gobierno regional había ideado un plan aparentemente perfecto. La Comunidad pretendía aprovechar el solar ocupado por viejos depósitos de agua del Canal de Isabel II para recaudar mucho dinero (hasta 9.000 millones pensaba cobrarle a Repsol por una esquina de la parcela, donde se podría levantar un gran rascacielos de oficinas mediante la oportuna recalificación del suelo) y gastárselo en levantar un Palacio de Justicia y adecentar un extenso jardín en la zona.

Antes de ejecutar ese plan, los dirigentes autonómicos tenían que resolver el problema de los antiguos propietarios del terreno que podrían reclamar sus derechos sobre el suelo.

Tras una larga negociación con ellos, el consejero de Obras, Luis Eduardo Cortés, explicó públicamente que había alcanzado un acuerdo por un monto de 2.500 millones de pesetas. A cambio, los antiguos dueños renunciarían a exigir sus derechos de reversión, que se aplican en los casos en que la Administración pública utiliza un suelo expropiado para un fin distinto al de la expropiación. Cuando el acuerdo estaba a punto de sellarse, la división inmobiliaria de Ferrovial compró un 10% de los derechos de reversión a los antiguos dueños por 400 millones de pesetas, según los propietarios, y se convirtió en un nuevo interlocutor con el que debía negociar la Comunidad si quería llevar a buen puerto la operación.

El presidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, no aceptó "el chantaje especulativo", según lo definieron algunos consejeros, y renunció a los rascacielos y abrió un parque.