El casco en los ciclistas: promover antes de legislar

La aprobación por el Congreso de la ley que hace obligatorio el uso del casco en los ciclistas cuando circulen por carretera está provocando manifestaciones de abierto desacuerdo entre los propios ciclistas y algunas asociaciones de simpatizantes de la bicicleta. Para muchos técnicos y responsables de seguridad vial, y quizá para los propios legisladores, estas reacciones podrán parecer poco reflexivas o incluso irracionales, a la luz de los beneficios claramente documentados en la literatura científica internacional del uso del casco. Así, por ejemplo, se sabe que las lesiones craneales son la principal causa de lesiones graves y de muerte en los ciclistas y que el uso del casco se acompaña de una reducción de dichas lesiones en los ciclistas de todas las edades implicados en cualquier tipo de accidente, incluidas las colisiones con vehículos de motor. Por otra parte, es evidente que en España en los últimos años ha ido creciendo la preocupación por el incremento de víctimas de accidentes de tráfico entre los ciclistas, preocupación que ha movilizado en numerosas ocasiones a los propios ciclistas y que ha logrado que el Senado y el Congreso le presten la debida atención, resultando en la ley que es ahora objeto de debate. Entonces, ante el amplio reconocimiento del problema y la aprobación de una solución que ha demostrado ser efectiva en muchos países, ¿por qué parecen oírse más los pitos y los abucheos que los aplausos y las felicitaciones?Desde la experiencia de la introducción de políticas de prevención y promoción de la salud -y utilizar el casco es, sin duda, un hábito saludable-, la situación actual no tiene nada de paradójica, sino que, desgraciadamente, ilustra lo que puede suceder cuando se "pone la carreta delante de los bueyes"; en el caso que nos ocupa, cuando se promulga una ley antes que difundir la información sobre los beneficios del casco, antes que promover actitudes positivas ante su uso, antes que facilitar un acceso amplio por parte de todas las edades y grupos sociales y antes que favorecer alianzas entre los sectores implicados, en particular entre las asociaciones de usuarios.

En ausencia de estos necesarios pasos previos, la promulgación de una ley orientada a la protección de las personas acaba siendo recibida por amplios sectores de la población -sobre todo por aquellos que más podrían beneficiarse de su aplicación- como una actuación del Estado paternalista y persecutoria, que coarta la libertad individual y desincentiva el uso y disfrute de la bicicleta.

¿Qué hace falta, pues, para que el paso legislativo que ahora se da no se convierta en un traspié? En primer lugar, son necesarias campañas intensas y periódicas en los medios de comunicación, informando sobre las lesiones en la cabeza como la causa más frecuente de muerte en los ciclistas, con o sin implicación de otro vehículo, y tanto en carretera como en zona urbana, así como del papel del casco para prevenir muchas de estas muertes. En segundo lugar, las campañas, por sí mismas, serán insuficientes si no se acompañan de programas educativos desde distintos ámbitos sociales, como escuelas y universidades, consultas médicas y asociaciones deportivas y de ocio. En tercer lugar, dado que promover el uso del casco no está reñido con promover el uso de la bicicleta, estos programas podrían reforzarse con iniciativas de subsidio total o parcial del coste del casco, contando con la colaboración de fabricantes y comerciantes del sector de la bicicleta, asociaciones de usuarios, federaciones deportivas, compañías de seguros e instituciones públicas. En cuarto lugar, implica que deben dedicarse más esfuerzos a promover el debate y las alianzas en la sociedad civil, utilizando la información científica como evidencia para el consenso y la acción. Finalmente, sería deseable que se financiaran los estudios epidemiológicos que permitan evaluar la contribución resultante de este conjunto de acciones a la disminución de las muertes y lesiones graves en los ciclistas.

Sólo cuando estas condiciones -información, educación, subsidio, pacto social e investigación- se hayan cumplido tendrá pleno sentido y aceptación una ley que obligue a usar el casco, sin que ello suponga dejar a un lado otras estrategias necesarias de prevención de los accidentes en los ciclistas, como los carriles bici o la educación de los conductores. Como para otros problemas de salud pública, la promoción de hábitos saludables es una condición necesaria, aunque en ocasiones insuficiente si no va acompañada posteriormente de iniciativas legislativas para reforzar su adopción. Con una adecuada promoción del uso del casco tenemos una excelente oportunidad de salvar vidas, prevenir graves discapacidades y disfrutar saludablemente de la bicicleta.