El Tribunal de Cuentas se ve incapaz de auditar las ayudas anónimas a partidos

El Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado la contabilidad de los partidos políticos de los años 1996 y 1997, ha destacado la imposibilidad de analizar las donaciones anónimas que éstos reciben y ha instado al Parlamento a regular las fuentes de financiación privada para que sean transparentes. Si bien la ley prohíbe que las aportaciones procedentes de una persona física o jurídica superen los 10 millones al año, la naturaleza anónima de las aportaciones impide comprobar el cumplimiento de ese límite.

El informe del Tribunal de Cuentas de 1997, remitido esta semana al Congreso, analiza la contabilidad de 18 formaciones políticas, varias de las cuales declaran haber recibido donaciones. El PP ha registrado en su tesorería nacional 24 millones de donativos nominales y más de 41 millones de donativos anónimos, aportaciones que también se han registrado en la sede de Galicia. El informe no hace referencia a que el PSOE haya recibido donaciones en el ejercicio fiscalizado, pero destaca la condonación de una deuda de 1.628 millones por varias entidades de crédito.Convergència Democrática de Catalunya sí que recurrió en 1997 a esa fuente de financiación y, según el informe, ingresó 246 millones por bonos. Este sistema consiste en aportaciones voluntarias y anónimas que se realizan directamente en oficinas bancarias a través de bonos de 5.000 y 25.000 pesetas cada uno.

El PNV, en el epígrafe "donativos y aportaciones" registra imposiciones anónimas por más de 242 millones, realizadas fundamentalmente con motivo de las campañas para la construcción de la sede del partido y del centenario de su fundación.

Críticas al PCE y al PNV

De este dinero, 1,12 millones se ingresaron en cuentas ordinarias del partido, lo que, según el Tribunal, contraviene la ley de financiación, que establece que las aportaciones de personas físicas o jurídicas se deben abonar exclusivamente en cuentas de entidades de crédito destinadas específicamente a ese fin.

El PCE registró 45 millones en los epígrafes "ayudas extraordinarias" y "bonos-ayuda fin de año", aportaciones de parte de los afiliados y donaciones privadas sin distinción, con lo que, según en Tribunal, también se incumple la obligatoriedad de establecer cuentas específicas.

Una de las formaciones cuyas cuentas han presentado mayores dificultades a la hora de la fiscalización, según el informe, es Coalición Canaria, que remitió al Tribunal sus estados financieros fuera del plazo legal establecido a pesar de reiteradas reclamaciones. El órgano fiscalizador ha detectado que los estados presentados no son coherentes internamente con las operaciones registradas en el libro diario más las correcciones efectuadas, deficiencias que aportan incertidumbres sobre la documentación recibida.

El Tribunal aprovecha el informe para anotar recomendaciones, como la necesidad de que formaciones como Eusko Alkartasuna o Convergencia Democrática de Catalunya regularicen la situación de sus bienes patrimoniales, traspasando la titularidad de los inmuebles directamente al partido.