Simplificación de ayudas
Dos años después de que el Parlamento aprobara la Ley de la Accesibilidad aún está todo por hacer. No se ha desarrollado ninguna de las normativas técnicas que regulan la supresión de barreras arquitectónicas en pueblos y ciudades para facilitar la plena integración y participación en la vida social de las personas que sufren algún tipo de discapacidad física. El pleno del Parlamento dio ayer un paso para resolver esta demora e instó al Gobierno a desarrollar las normas en un plazo de tres meses.
El pleno que celebró ayer el Parlamento fue inusualmente corto y pródigo en unanimidades. Las tres proposiciones no de ley planteadas (dos del PP y una de los socialistas) salieron adelante con el apoyo de todos los grupos, aunque en dos casos se llegó a la transacción.La iniciativa que no se retocó fue la que insta al Gobierno a simplificar las ayudas que conceden las diferentes administraciones a las empresas y nuevos empresarios para que éstos puedan acceder de una forma más fácil a ellas. El parlamentario del Partido Popular Fernando Maura se encargó de defender la propuesta de su partido. "La diversidad de las ayudas tiende a crecer. A las ayudas a fondo perdido se han ido sumando las consistentes en primar los tipos de interés, créditos fiscales, vía sociedades de capital-riesgo", argumentó Maura. De esta forma, se plantea un doble problema: por una parte, la dispersión de las ayudas; por otra, su conocimiento por parte de los posibles receptores. "Cuanto menor es el tamaño de la empresa", recalcó Maura en el curso del debate, "resulta más difícil conocer las diversas ayudas que se ofrecen, lo que dificulta, sin duda, las posibilidades de su utilización".
Así, además de la simplificación de las ayudas, el pleno también aceptó la segunda petición de Maura y será la Vicelehendakaritza la que coordine con todas las instituciones que ofrecen ayudas la confección de un catálogo donde figure toda la relación de subvenciones y qué administración las ofrece.
Este catálogo tendrá un soporte físico. pero también se podrá disponer de él a través de una página web en Internet. En el plazo de seis meses, la Vicelehendakaritza tendrá que informar al Parlamento del resultado de sus trabajos.
El pleno tenía previsto también haber debatido sobre la extensión de la coberrtura sanitaria a las personas inmigrantes residentes en Euskadi, peró se aplazó.
La normativa sobre accesibilidad de discapacitados debe estar lista en marzo
El PP defendió ayer en el pleno una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a presentar en dos meses las normas que determinen las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos. La popular Mari Carmen López de Ocáriz recordó que la Ley de Promoción de Accesibilidad, aprobada en 1997, garantiza "la integración de todos los ciudadanos, especialmente de los que sufren algún tipo de minusvalía". En su Disposicíón Final Segunda, la ley fija un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor para elaborar las normas y reglamentos que la desarrollen.Sin embargo, este plazo ha sido ampliamente superado y no hay ninguna normativa técnica. Según López de Ocáriz, esta demora ha generado "desesperanza en los colectivos más afectados y ha provocado serios problemas en las empresas que, apostando decididamente por la ley, habían llegado a iniciar modificaciones para su adaptación a la misma, sin que encontrasen respuesta al no disponer de ninguna normativa".
La iniciativa del PP fue objeto de una enmienda transaccional aprobada por todos los grupos en la que se insta al Departamento de Vivienda a que cumpla la ley en el plazo de tres meses -uno más de los exigidos por los populares-. Los nacionalistas de PNV y EA intentaron sin éxito que el plazo se extendiera hasta los cuatro meses.
Incluso el Ararteko, Xabier Markiegi, expresó ayer su "preocupación" por el hecho de que la ley, que en su momento salió adelante por unanimidad, siga aún vacía de contenido. El Defensor del Pueblo Vasco recordó que en su momento la aprobación de la ley "supuso la consecución de una de las principales reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad". Así, Markiegi apeló a la "responsabilidad de la Administración" para que con la mayor celeridad se "cumpla el mandato contenido en la Ley para la Promoción de la Accesibilidad".
Por otra parte, el pleno también instó al Departamento de Educación a promover la constitución de fundaciones o patronatos que favorezcan la coordinación entre los diferentes agentes relacionados con la Formación Profesional (FP).
El objetivo es procurar una respuesta más eficaz desde la FP a las necesidades del sistema productivo y reducir las horas extraordinarias que debe realizar el profesorado de esta enseñanza.
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