Los cinco mineros de MSP encerrados desde hace 65 días esperan terminar hoy su protesta tras el preacuerdo de ayer
El comité de empresa de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y la dirección de la explotación minera, con la mediación de responsables del Instituto del Carbón y la Junta de Castilla y León, alcanzaron a las 3 de la madrugada de ayer en el Ministerio de Industria un principio de acuerdo por el que hoy se podría desconvocar un paro que cumple 65 días y poner fin al encierro igual de prolongado de cinco trabajadores en el fondo de una mina. El comité de empresa informó en la mañana de ayer a los mineros encerrados en el Pozo María del contenido del documento.Por la tarde se celebró una reunión de delegados mineros y hoy, durante la mañana, se dará a conocer a la asamblea de trabajadores los puntos del acuerdo. Sólo si la asamblea los refrenda, los encerrados abandonarán su postura.
En el acuerdo, se han comprometido a llevar un mayor control sobre el uso y destino final de las subvenciones (más de 10.000 millones de pesetas anuales), se mantendrán los grupos actuales hasta el año 2005, a excepción del Pozo María que se cerrará a finales del año 2001, con un estudio en profundidad del grupo Feixolín (zona de futuro en el que la empresa pretendía centrar la mayoría de la actividad), el mantenimiento de la plantilla a niveles "razonables" -según señaló Juan Luis Benítez, gerente del Instituto del Carbón-, y la retirada de una veintena de despidos, provocados durante los dos meses de huelga. Además, el comité ha conseguido consolidar una prima de producción de 367 pesetas diarias y la creación de una nueva de 218 pesetas diarias por cada día festivo de trabajo. El convenio por 5 años contará con incrementos como el IPC.
Con ese pacto se vislumbra el fin de una huelga que en diciembre entró en su tercer mes, y que ha sido seguida por los 1.400 mineros de MSP. Los cinco trabajadores encerrados desde hace 65 días a 300 metros de profundidad en el Pozo María, en el pueblo de Caboalles, han alcanzado un triste récord Guiness. Un enquistamiento del conflicto que se ha producido por la profunda desconfianza que sienten los trabajadores hacia el propietario de la mina, el empresario Victorino Alonso, ante incumplimientos de sencillos acuerdos laborales anteriores, y la entrega de multimillonarias subvenciones públicas sin contraprestaciones claras.
Pulso a Victorino Alonso
Los mineros han echado, en un momento considerado crucial, un fuerte y decisivo pulso a Victorino Alonso, a la dirección de la explotación y a las Administraciones públicas (Junta de Castilla y León y Ministerio de Industria).
Con su protesta han reclamado así garantías reales de futuro, y que no se cierren los pozos tradicionales de interior, ante las grandes reservas de mineral que albergan, y como objetivo último, la intervención estatal de la explotación -demanda que ha apoyado IU, coalición que gobierna Villablino-, en manos de un empresario, hace poco, oficialmente insolvente, con escasa representación real en el accionariado de la mina y con tan solo una moto como capital.
Hace 7 años, 500 mineros recorrieron a pie la distancia entre Villablino y Madrid, en la denominada Marcha negra. Esta acción, con otras protestas y una lenta negociación, forzaron una salida a la quiebra de la explotación. Hoy, el panorama es diferente y se ha agravado con el tiempo. La reindustrialización de las cuencas aún no ha llegado, la construcción de infraestructuras viarias va muy despacio, el sector agoniza y lo único que parece cumplirse con precisión son el cierre de minas y la pérdida paulatina de empleos, un goteo que exaspera a los sindicatos, alcaldes de municipios mineros y familias.
La huelga ha conllevado que más de 1.100 millones de pesetas en nóminas no entren en Laciana, unas pérdidas con repercusión en la economía del valle con más de 15.000 habitantes.
