Justicia anuncia que no hay fecha para aplicar el reparto de jeringas entre presos

La consejera de Justicia, Núria de Gispert, anunció ayer que no existe fecha para la aplicación de un programa de intercambio de jeringas en las cárceles destinado a evitar el contagio del sida entre reclusos, y aseguró que adoptará esta decisión cuando logre un acuerdo con los funcionarios de prisiones. Estos trabajadores se han mostrado muy reticentes a la aplicación de esa iniciativa al considerar que su seguridad podría ponerse en peligro.La comisión de drogas del Colegio de Abogados de Barcelona y una plataforma que integra a 40 entidades de diversos ámbitos relacionados con la sanidad anunciaron el jueves que emprenderá acciones legales -por la vía penal y administrativa- contra la Generalitat por la demora en la aplicación de ese plan. Las promesas institucionales realizadas el pasado mes de febrero preveían que antes de que acabase el año este plan se habría puesto en marcha.

Sin embargo, la consejera de Justicia justificó ayer el retraso por la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, y expresó su indiferencia ante la posibilidad de que se materialicen esas denuncias en los juzgados: "Que hagan lo que quieran, son personas libres, pero la decisión corresponde al Gobierno de Cataluña, después de que lleguemos a un acuerdo entre Sanidad y Justicia", dijo De Gispert, quien precisó también: "Tengo el tema sobre la mesa, pero no lo haré sin el acuerdo con los funcionarios, que son los principales afectados". La consejera añadió que "el ámbito penitenciario no es el de la calle, ya que hay muchas más complicaciones".

Tres posibles delitos

La plataforma cívica que agrupa a los abogados y a las 40 entidades está ultimando la redacción de esas denuncias, que podrían presentarse en el Juzgado de Guardia antes de que finalice el año. En opinión de los letrados, la pasividad de la Administración al aplicar ese plan de intercambio de jeringas en las prisiones podría ser constitutiva de tres delitos: contra la salud pública, lesiones por imprudencia en caso de contagio por el virus y delitos de discriminación hacia los presos con relación a los ciudadanos libres.

Los colectivos que defienden el plan de intercambio de jeringas en las cárceles recuerdan que actualmente existe un comercio clandestino de estos objetos que lleva a algunos internos a pagar 5.000 pesetas por una jeringa nueva y 500 por una usada para poder inyectarse la droga.