La Junta recuperará las competencias urbanísticas que tiene delegadas en Gil

La Consejería de Obras Públicas no tiene intención de renovar el decreto de delegación de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella cuya vigencia expira el próximo día 31 porque no tiene confianza en la gestión del alcalde, Jesús Gil. La medida supone una posición política sin precedentes, pero apenas tendrá efectos prácticos, toda vez que afecta a instrumentos de planeamiento escasamente utilizados por el Ayuntamiento de Marbella, que en cinco años no ha redactado ni un solo plan especial.

La actual legislación otorga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes una importante cuota de autonomía en la gestión urbanística. Desde hace cinco años los ayuntamientos andaluces tienen delegadas por decreto del consejero de Obras Públicas algunas competencias de la Administración autonómica como la aprobación definitiva de las modificaciones de elemento de planes generales que no impliquen la revisión de éstos, ni alteren la estructura general, ni afecten a la clasificación o adscripción de suelo ni al suelo urbanizable. También tienen cedidas las facultades para aprobar definitivamente planes especiales que no desarrollen planeamiento general y no afecten a la estructura general y para la declaración de urgencia de planes parciales y especiales que desarrollen planeamiento general cuando sean promovidos por administraciones urbanísticas o empresa de capital íntegramente público.

El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, ha reconocido a El País Andalucía que no se va a producir la renovación del decreto porque en tanto que se trata de una delegación de competencias está basada en una confianza que en este caso la Junta no tiene por la política urbanística seguida por el alcalde, Jesús Gil y Gil. Vallejo ha reiterado además que se trata de una cesión temporal que la Junta puede o no renovar.

Vallejo ha reconocido que esta falta de confianza en la gestión urbanística del Ayuntamiento de Marbella no es nueva, pero que hasta ahora la consejería no se había planteado la posibilidad de retirar a Gil las competencias delegadas porque sólo podría aducir para ello un mal uso de las mismas que no se ha producido, ya que el Ayuntamiento de Marbella sencillamente no las ha utilizado.

Hasta el momento, únicamente existe un precedente. La Junta quitó al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) las competencias delegadas porque aprobó un plan parcial que suponía aumentar casi en el triple el volumen de edificabilidad permitido en el planeamiento general y afectaba además a la cornisa del Aljarafe. El Ayuntamiento recurrió a los tribunales que acabaron dando la razón a la Administración autonómica.

El consejero de Obras Públicas insiste en que se trata de un caso distinto al de Marbella, pues en Castilleja de Guzmán hubo un "mal uso" de las competencias, en tanto que en el caso de Gil se trata de no prorrogar un decreto al término de su período de vigencia.

La oposición municipal en Marbella y la plataforma contra el PGOU han venido reclamando a la Junta desde que la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga denegó el Plan General de Ordenación Urbana elaborado por el Ayuntamiento de Marbella que asumiera las competencias urbanísticas en la ciudad. La Junta entiende que sólo tiene potestad para intervenir sobre aquellas que tiene delegadas, como va a hacer ahora.

De otro lado, la Consejería de Obras Públicas insiste en que hasta que la Comisión Provincial de Urbanismo no se pronuncie sobre el nuevo PGOU aprobado por el Ayuntamiento de Marbella no puede permitir, como pretenden los promotores, que se ejecuten los proyectos que no ofrecen problemas legales, ya que la parte sí aprobada del Plan General quedó en suspenso hasta que el Ayuntamiento presentara el texto refundido porque el nuevo documento sí podría suponer alteraciones en los estándares.