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Tribuna
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Un callejón sin salida

Las luchas electorales alimentan entre los ciudadanos un moderado escepticismo sobre el estricto cumplimiento por los políticos de sus promesas de campaña cuando llegan al Gobierno; la conciencia difusa de esa inevitable brecha entre lo que dice el programa máximo de un partido democrático (de izquierdas, de derechas o nacionalista) y lo que hacen cotidianamente sus dirigentes contribuye a desdramatizar las asperezas de la vida pública y a tomar a beneficio de inventario el belicoso lenguaje de sus protagonistas más agresivos. Tal vez la errónea aplicación al País Vasco de esas desengañadas experiencias sea causa involuntaria de la condescendiente actitud de displicente equidistancia entre nacionalistas y constitucionalistas mostrada tras el alto el fuego de ETA por algunos supuestos expertos en terrorismo y polemología que depositaron su fe en Arzalluz, albergaron la esperanza de solucionar el contencioso vasco mediante el Pacto de Estella y practicaron la caridad con los salvajes de la kale borroka.Sin embargo, la historia del siglo XX enseña que los pronunciamientos doctrinarios de los movimientos antidemocráticos (clasistas, fundamentalistas o nacionalistas) no son mera hojarasca retórica para satisfacer las emociones fuertes de sus seguidores y ser abandonada una vez cubiertas sus demagógicas funciones, sino programas vinculantes para ser cumplidos en su totalidad según las circunstancias lo permitan y de acuerdo con un calendario compulsivamente acelerado por la violencia. Tras el suicidio de Hitler y la capitulación de la Alemania, la lectura de Mein Kampf a la siniestra luz de los horrores perpetrados por los nazis entre 1933 y 1945 mostró cómo el holocausto judío y la devastación de la Europa eslava estaban ya anunciados en sus páginas. El anuncio el pasado domingo de la ruptura del alto el fuego de ETA también pone en evidencia que la organización terrorista sólo se ha dedicado durante los pasados catorce meses a vigilar el cumplimiento de sus acuerdos secretos del verano de 1998 -firmados o no- con las formaciones nacionalistas democráticas; aunque el PNV y EA creyeron ilusamente haber balizado en Estella un campo de aterrizaje para que el nacionalismo radical dejase las armas, los nacionalistas democráticos sólo han sido los subalternos instrumentos de la estrategia puesta en marcha por ETA en el verano de 1998, no para firmar la paz, sino para recuperar fuerzas y rearmarse a fin de continuar la guerra y asegurarse una posición hegemónica.

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Las dos condiones exigidas por ETA para declarar un alto el fuego provisional -destinado a ser roto antes o después- fueron la colaboración del PNV y EA a la creación de una nueva institución representativa de toda Euskal Herria (lo que implicaba lógicamente el abandono a corto o medio plazo de las Cortes Generales y del Parlamento de Vitoria por los nacionalistas) y su ruptura total con los partidos constitucionalistas; la organización terrorista justifica ahora la reanudación de su actividad criminal con el argumento de que el nacionalismo democrático ha incumplido ambas exigencias. Después de que las elecciones autonómicas de octubre de 1998 y las municipales de junio de 1999 confirmaran el equilibrio -cercano al empate- de nacionalistas y constitucionalistas en el País Vasco, ETA trató sin éxito de que el PNV y EA apoyaran la consigna de HB de abstención activa (una variante de la práctica fascista de romper las urnas) para el Congreso y el Senado. Ese boicoteo electoral marcharía en paralelo con la estrambótica propuesta -el descalificador adjetivo se debe a Arzalluz- de convocar una asamblea de representantes de las tres provincias del País Vasco, de Navarra y de los tres pequeños territorios ultrapirenáicos bajo soberanía francesa como órgano de la soberanía territorial de Euskal Herria; aun sin conocerese todavía los detalles (censo de electores, estructura, competencias, etc.) de la nueva institución, es evidente que ese delirio arbitrista borra las fronteras estatales y finge ignorar la existencia de la Unión Europea.

El comunicado de ETA también reprocha al PNV y EA el incumplimiento de la segunda condición acordada en el verano de 1998: la completa y definitiva ruptura de sus relaciones con el PP y el PSOE. Visto en perspectiva, el alto el fuego declarado por la banda terrorista en septiembre de 1998 no fue esa ocasión perdida de la que hablan los nacionalistas y su séquito de melifluos equidistantes para censurar el supuesto inmovilismo del Gobierno, sino un callejón sin salida construido por ETA para sus propios fines bélicos.

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