Granada y Almería concentran más de la mitad de las localidades con riesgo muy grave de inundación Las capitales de Málaga y Jaén están entre los 114 "puntos negros" detectados por la Junta
Cuatro muertos, viviendas destrozadas, vehículos inservibles y carreteras abiertas en canal fueron algunas de las consecuencias de la última aparición, en diciembre de 1996, de la catástrofe más habitual en Andalucía: las inundaciones. La Consejería de Obras Públicas acaba de finalizar un plan para la prevención de avenidas en núcleos urbanos, en el que registra 1.061 puntos en 422 municipios; Granada y Almería concentran el 59% de las localidades sujetas a "riesgo muy grave" de inundación, un catálogo de 114 puntos negros en el que también figuran las capitales de Málaga y Jaén.
Las aguas desbordadas de ríos y arroyos han provocado los daños económicos y personales más graves y persistentes de la abundante historia de los desastres naturales. Ni los huracanes, ni los terremotos tienen efectos tan devastadores como las inundaciones que afectan a núcleos urbanos. Una situación que también se cumple en Andalucía, donde los perjuicios de las avenidas en pueblos y ciudades desbancan incluso a la sequía. De hecho, según el estudio elaborado por Obras Públicas, este fenómeno es más frecuente y más dañino en la comunidad que en el resto del Estado: en los últimos cinco siglos, se han registrado en la región, de media, ocho inundaciones al año por cada mil kilómetros cuadrados.La mayoría de las avenidas se quedan en pequeños episodios pero, al menos una vez por década, provocan catástrofes. Las últimas grandes inundaciones (1963, 1973, 1989, 1996) han causado más de 400 víctimas mortales y cuantiosas pérdidas, que los técnicos de Obras Públicas calculan en 675.000 millones de pesetas. Todas ellas, menos la última, se cebaron en las provincias más orientales. Una tendencia que constata el completo inventario de 1.061 puntos de riesgo en el que se basa el nuevo plan de prevención de la Junta: Granada (44), Almería (24) y Málaga (10) concentran el 78% de las localidades con riesgo "muy grave" de sufrir una inundación en los próximos años.
"La extremada intensidad de las precipitaciones, un relieve muy abrupto, la desprotección forestal y la erosión justifican esta vulnerabilidad", se indica en el texto del plan de prevención, que señala la franja costera oriental, las cuencas del Almazora, el Andarax y el Guadiario y la vega de Granada, en torno al río Genil, como las zonas más sensibles a nuevas inundaciones. El gran eje fluvial de la región, la cuenca del Guadalquivir (Córdoba, Jaén y Sevilla), concentra gran parte del resto de localidades (24%) con "riesgo muy grave".
Las inundaciones de las últimas décadas, eso sí, ya no asolan grandes núcleos urbanos y cada vez provocan menos víctimas mortales. "Con la construcción de grandes infraestructuras de regulación [pantanos] y de protección el problema de las inundaciones se ha desplazado de los grandes ríos y las ciudades más importantes a los cauces tributarios y a las poblaciones pequeñas", se asegura en el plan, que sólo considera preocupante la situación de la capital malagueña "por su peculiarísima geografía".
Inversión multimillonaria
La construcción de viviendas ilegales en cauces que llevan años secos, la insuficiencia del alcantarillado o la acumulación de sedimentos en la desembocadura de los ríos son algunos de las razones que hacen que el paso de un hilo de agua por un pueblo pueda transformarse en una inundación tras unos días de lluvias torrenciales. Para paliar esta situación, que afecta, en menor o mayor grado al 55% de los municipios andaluces, Obras Públicas ha diseñado un plan de actuaciones de aquí al 2009 en el que se prevé una inversión de 193.500 millones.
Estos fondos deberían salir de las arcas del Gobierno central (un 55% de la inversión, al tener la competencia sobre cauces fuera de núcleos urbanos), la Junta (un 35,09% por ser competente en los cauces urbanos) y las entidades locales (11,06%) y se destinarán fundamentalmente a infraestructuras de defensa y encauzamiento de avenidas (118.200 millones), medidas de corrección hidrológica y reforestación (32.600 millones) y conservación de cauces (20.000 millones).
Obras Públicas pretende que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno a su plan en el primer trimestre del 2000 para luego buscar el acuerdo con las otras Administaciones. Y no sólo para las inversiones: En el estudio se considera "indispensable garantizar la coordinación del planeamiento urbanísitico con las actuaciones hidráulicas para evitar la ocupación imprudente de las zonas inundables". La Consejería quiere elaborar una cartografía de zonas inundables para generalizar su consideración en los planeamientos urbanísticos municipales, lo que permitirá aplicar fuertes restricciones, cuando no prohibiciones, a usos residenciales e industriales en esos suelos.
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