Los fiscales de Barcelona consideran que la justicia española "no está en condiciones" de cumplir su misión

La junta de fiscales de Barcelona aprobó ayer por práctica unanimidad un comunicado en el que denuncia el "deterioro creciente de la calidad" de la justicia en España y lo achaca a "la ausencia de un proyecto de Estado". En este sentido, los fiscales aseguran que la justicia española "no está en condiciones de cumplir la misión que la Constitución le encomienda para proteger a la sociedad, el Estado de derecho y el interés público".El comunicado fue redactado al término de una reunión convocada por las dos asociaciones profesionales de la carrera: la Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador, y la Unión Progresistas de Fiscales (UPF). De una plantilla de 150 fiscales de Barcelona, asistieron a la reunión 90, entre ellos el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. A la hora de votar una resolución, sólo dos fiscales se abstuvieron y uno votó en contra. Esta reunión, así como otras que se celebraron en Lleida, Girona y Tarragona, habían sido convocada para rebatir las acusaciones realizadas por el Ministerio de Justicia sobre las supuestas demandas de aumento de sueldo del 25% para jueces y fiscales. "Eso es mentira", afirmó el fiscal Pedro Eriche, de la AF, quien se mostró muy crítico con la gestión de la ministra Mariscal de Gante. "Cada país tiene la justicia que se merece", precisó, al tiempo que recordaba que "Justicia gasta el presupuesto en comprar ordenadores, no en pagar mejor a los fiscales".

Por su parte, Jesús Arteaga, de la UPF, reclamó la necesidad de que el Gobierno apruebe una ley de retribuciones para acabar con la incertidumbre actual. "Nosotros no vamos a hacer una huelga porque eso perjudicaría a los ciudadanos, pero si un día nos pusiéramos de acuerdo para celebrar juicios en todos los juzgados donde es necesaria la presencia del fiscal, no se podrían cubrir todas las necesidades", afirmó.

El comunicado reclama la inmediata reanudación de las conversaciones con el ministerio y denuncia que la dotación para Justicia en los Presupuestos del Estado para el año 2000 supone el 0,5% del gasto público total. "Este mínimo porcentaje demuestra la falta de disposición del Gobierno en potenciar los medios materiales", afirman los fiscales.