El juez del "caso AGT" inculpa a Triginer y al ex alcalde socialista de Esplugues

El magistrado Adolfo Fernández Oubiña, encargado de la instrucción de la querella presentada contra el propietario del grupo constructor AGT, ha citado a declarar como inculpados el próximo lunes a Josep Maria Triginer, destacado dirigente del PSOE y uno de los fundadores del PSC, y al ex alcalde de Esplugues Antoni Pérez Garzón, también socialista. Ambos estaban en nómina en esa constructora y cobraban sueldos de 399.780 pesetas aunque apenas iban por las dependencias de la compañía, que presentó suspensión de pagos el pasado 23 de septiembre.

La querella contra Luís García Sáez, ex diputado del PSC en el Parlament y propietario de AGT, fue presentada por siete empresarios que le acusaban de estafa e insolvencia punible por no pagar las obras públicas adjudicadas a la constructora por diversas administraciones, principalmente ayuntamientos socialistas. La tramitación de la causa correspondió al Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, que también ha citado a declarar como imputados para el próximo lunes por la tarde al alcalde de Mataró, Manuel Mas, y al de Olesa de Llobregat, Enric Térmens, ambos del PSC. En el primero de estos municipios AGT realizó tres obras y en Olesa construyó el parque de Santa Oliva.El propietario de AGT reconoció ante el juez en la declaración que prestó el pasado día 12 que entre los 350 empleados que tenía ese grupo constructor figuraban Josep Maria Triginer y Antoni Pérez Garzón. Del mismo modo, precisó que ambos "iban poco por la empresa", aunque "cumplían su deber de asesores".

Triginer trabajó durante un año como ingeniero realizando informes medioambientales porque el propietario de AGT quería ampliar la actividad de la empresa a ese campo. En una carta publicada en este diario el pasado día 18, Triginer aseguraba que su trabajo en AGT era "compatible, legal y legítimo desde cualquier perspectiva", y rechazaba de forma tajante que existiera amiguismo en la adjudicación de contratas a AGT.

En cuanto a Pérez Garzón, se trataba de "un trabajador avezado", en palabras pronunciadas ante el juez por el responsable de la constructora. Pérez Garzón, alcalde de Esplugues de Llobregat desde 1979, dimitió de su cargo en abril de 1998, después de que la Audiencia de Barcelona le condenase a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido al conceder una licencia irregular a una empresa de la que era socio su hijo. Esa sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo. Al trascender su relación laboral con AGT, Pérez Garzón afirmó: "Yo hacía lo que me mandaban. No tenía un horario específico laboral y me marcaban los objetivos, en general, por teléfono".

El juez instructor ha acordado también solicitar a los ayuntamientos de Igualada, Olesa de Montserrat y Mataró que, a partir de los libros de registros de esos municipios, certifiquen si las empresas del grupo AGT tenían licencia fiscal. Asimismo el juez ha citado a declarar como inculpados para el próximo día 9 de diciembre al presidente de la inmobiliaria Inmodarde, Miguel Tey Feliu de la Peña, así como a sus socios Ramón Gallardo Hermida y Wenceslao Manzanares Puig.

AGT tenía una pequeña participación en esa sociedad, para la que construyó un grupo de viviviendas en Granollers. Gallardo es abogado de profesión y fue la persona que presentó la suspensión de pagos, que ya ha sido incorporada a la causa penal. El fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, Carlos Ramos, se ha personado en ese proceso para supervisar la suspensión de pagos.

Segunda citación

El juez también ha citado a declarar para el próximo 2 de diciembre a Luis García Sáez, decisión que algunas fuentes judiciales califican de singular por ser tan próxima a su primera comparecencia. En ese sentido, no es descartable que el juez acuerde alguna medida cautelar contra el propietario de AGT. Las investigaciones judiciales proseguirán hoy con la declaración, también como imputado, de Eugeni Forradellas, concejal de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) en el Ayuntamiento de Barcelona y presidente del Patronato de la Vivienda, que adjudicó a AGT la construcción de dos promociones de pisos de alquiler.