López Martos defiende ante el fiscal del "caso Ollero" su total potestad para elegir constructora

El ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos declaró ayer casi a voz en grito y con evidente solidez ante las cuestiones que le podían involucrar en una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de una carretera en 1992, el también conocido como caso Ollero. López Martos arremetió contra las preguntas del fiscal que le pudieran vincular con una posible prevaricación y destacó -hasta cuando no venía a cuento- la potestad que la ley ofrece al consejero para elegir la empresa que considere "más conveniente, aunque no sea la más económica".

El fin de la audición de las escuchas en la vista oral ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha llevado al caso Ollero a una parte más interesante: el cuerpo a cuerpo entre el fiscal y las distintas acusaciones contra los imputados y las balsámicas preguntas de sus defensas. El caso por las presuntas comisiones ilegales para financiar al PSOE ha sentado en el banquillo al acusado de cobrar las extorsiones, Jorge Ollero, a su hermano Manuel, entonces director general de Carreteras de la Junta, al ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos y a los que fueran directivos de Ocisa, la empresa acusada de pagar 127 millones por la concesión de la construcción de la carretera de Salinas a Las Pedrizas (Málaga), Jesús Roa y Luis Nogueira.Jorge Ollero, que escuchó durante seis días su propia voz involucrándole en las presuntos delitos, declinó ayer la posibilidad de decir nada más. El turno llevó entonces a su hermano Manuel al asiento más cercano a los tres miembros del tribunal. El ex director general de Carreteras resumió las circunstancias que rodearon la concesión a Ocisa de la obra que desató el escándalo en que López Martos había sido el único responsable de la decisión, tal y como está previsto en la ley, y que nunca había dado información privilegiada a su hermano, con el que aseguró que se veía de manera "esporádica, infrecuente y ajena a estos temas [en referencia a la licitación de las obras]". Tal y como también subrayó López Martos en su comparecencia, su trabajo se limitó a escuchar a la Comisión Técnica y trasladar las empresas más cualificadas para hacerse la concesión para que éste decidiera sobre cuál quedaba "seleccionada provisionalmente". Manuel Ollero negó en todo momento conocer las actividades en las que estaba involucrado su hermano con el fallecido Pedro Llach -que presuntamente habían contactado con varias empresas para pedir una comisión por su labor intermediadora-.

El ex responsable de las carreteras andaluzas destacó que Ocisa ofrecía además unas condiciones excepcionales para hacerse con la obra: el adelanto de la construcción, o sea, el pago desde la Administración de la mayor parte de los costes después de que se acabara la construcción de la carretera, prevista para mayo de 1994. Manuel Ollero aseguró que él mismo comunicó al delegado de Ocisa en Andalucía, Maximiliano Navascués, la decisión favorable a la citada empresa "inmediatamente", como respuesta a las preguntas de las acusaciones que le imputan un delito de revelación de secretos a su hermano y por el que piden más de dos años de cárcel.

Por último, Manuel Ollero -que aseguró haber oído, sin más, que hubo comisiones extrañas en la concesión de una carretera en Jaén- negó reconocer cualquier voz en las escuchas a las que caificó como "irreales, que nunca existieron".

Tras un tranquilo Manuel Ollero, le tocó sentarse ante el tribunal a López Martos. Con solidez y subrayando sus puntos con vehemencia, el ex consejero de Obras Públicas se afanó en saltarle los puntos al tejido en el que fiscal le intentaba envolver en una presunta prevaricación en la que Ocisa saliera favorecida. Admitió que a principios de mayo había decidido la "selección provisional" de Ocisa tras recibir los informes de Manuel Ollero sobre las cuatro o cinco empresas mejor situadas.

López Martos insistió en que como consejero disponía de discrecionalidad -que no arbitrariedad- para elegir a Ocisa por sus condiciones de "calidad y cumplimiento", aunque no fuera la más económica. El ex consejero dijo que su departamento manejaba el 50% de las inversiones de la Junta y que debía fiarse de las indicaciones de sus directores generales en el día a día, aunque subrayó que Manuel Ollero nunca le recomendó ninguna empresa en particular.