¿Un error?

El foco que en un rasgo de coraje -que no de inconsciencia como algunos malévolos insinúan- colocó Carmen de Miguel sobre la empresa pública de la cual es directora general, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), se apagó con la misma celeridad con que se encendió. El resplandor, sin embargo, duró lo suficiente como para vislumbrar una trama financiera de la que únicamente se conocen sus consecuencias: un agujero de 1.049 millones de pesetas generados, supuestamente, por unos derechos de compensación que posibilitaron la exportación a Túnez de 262 vehículos de la empresa Ford España, radicada en Almussafes. Los responsables del desaguisado, a tenor de la querella presentada por los abogados de la Generalitat ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, son el ex director del Ivex, José María Tabares, y el francés Jean Luc Lagier, administrador de dos empresas, una tunecina y otra belga, quien realizó una circulación de letras de cambio avaladas por Tabares a las que ahora tiene que hacer frente la empresa pública valenciana al no pagarlas la comercial radicada en Bélgica. Hasta aquí los hechos. Y justo desde este punto la oscuridad más absoluta; a pesar de que el Consell, con su presidente al frente, insistan en que actúan con la más absoluta transparencia. Nada más incierto. A medida que se van conociendo más datos (los informes de la Sindicatura de Comptes o los movimientos atípicos que aparecen en los presupuestos de la Generalitat referidos al Ivex entre 1996 y 1998) la confusión crece día a día. Tanto que ahora mismo se puede establecer un arco especulativo en uno de cuyos extremos se encontraría la arcangélica hipótesis de que los derechos de compensación con Túnez, avalados por Tabares, permitirían a Ford exportar coches a este país por un valor cercano a los 3.000 millones; mientras que en el otro cabría situar el diabólico supuesto de que el capital circulante ha funcionado como un auténtica caja B del Ivex, en la que las empresas de Lagier habrían actuado como una mera instrumental, para pagar -por qué no- bajo cuerda a Julio Iglesias. El secretismo del propio instituto, la posición a la defensiva del Consell, que se escuda en su denuncia ante el juzgado y en sus auditorías internas, que antepone a los informes de la Sindicatura, dan pie a todo tipo de interpretaciones. Tantas, que hasta el propio Eduardo Zaplana ha manifestado que todo puede quedar en un error. Pero un error de quién, ¿de Tabares por los avales?, ¿de Carmen de Miguel por precipitarse en ofrecer la información?, ¿de la Generalitat por presentar la denuncia?, ¿de la Ford?, ¿de Lagier por haber roto la cadena de circulación de letras?, ¿de los bancos por pedir la ejecución de unos efectos comerciales que, según la Sindicatura, se remontan a 1997? Un agujero de 1.049 millones en una empresa pública no es un error, es un horror. Máxime si, como dice el artículo 86 de la Ley de la Hacienda Pública de la Generalitat, no se pueden avalar empresas en las que no tenga participación el Gobierno valenciano.

El caso Ivex no se puede minimizar ni reducirlo a un simple error administrativo; sobre todo cuando ha sido la propia directora del instituto quien ha rechazado la hipótesis arcangélica antes anotada. La gestión, cuanto menos dudosa, realizada en el organismo que debe potenciar la exportación valenciana es la primera crisis, el primer escándalo si se quiere, seria que Zaplana afronta desde que llegó al poder en 1995. El juez va a tener mucho trabajo.