El PSOE acusa al Gobierno central de paralizar la ley de Extranjería con argumentos falsos
Carlos Sanjuán, diputado nacional del PSOE y ponente de la ley de Extranjería, acusó ayer al Gobierno de paralizar este proyecto de ley, cuyo dictamen ya ha sido aprobado en el Congreso. Sanjuán apeló a Machado para llamar "conservadores de la sarna" a Jaime Mayor Oreja, Abel Matutes y Rodrigo Rato, ministros de Interior, de Asuntos Exteriores y de Economía. "Ponen dificultades para aplicar una ley que gozaba de amplio consenso con razones falsas", dijo.Sanjuán negó que las conclusiones de la Cumbre de Tampere contradijesen la ley; según explicó, en ella se defiende la necesidad de colaborar con los países de procedencia de los emigrantes para impulsar su crecimiento económico y facilitar su integración. El diputado declaró que se incluye también la lucha contra las mafias de tráfico de personas, "un aspecto clave", a su juicio, modificando el Código Penal actual para explicitar los delitos de este tipo.
Según datos de Interior, en España hay unos 70.000 inmigrantes que llevan dos años en situación irregular, lo cual, siguiendo la nueva ley, les garantizaría la residencia. Mayor aseguró que España no tiene infraestructura suficiente para asimilar a estas personas. Sanjuán replicó que estas personas "ya están aquí desde hace tiempo", y preguntó si lo que se desea es mantenerles en la situación actual, "escondidos y explotados", dijo.
La operación de integrarlos costaría unos 4.700 millones de pesetas, calculó, y añadió: "¿Cuánto ha significado el pelotazo o stockonazo tremendo de Telefónica?" Si se contabiliza también el reciente caso de Terra, opinó, habría dinero suficiente para dar "más de 15 años de atención a los inmigrantes".
Sanjuán aseguró que los problemas de racismo se corregirían con la integración social de los inmigrantes; "desde la ilegalidad se fomenta la xenofobia", afirmó. Recordó que el 14% de los inmigrantes en situación irregular lleva más de 10 años en España, y que el 42% de ellos llegaron al país hace entre seis y 10 años.
El diputado socialista rechazó también que la ley de Extranjería reconociese el sufragio universal a los inmigrantes que disfruten de la residencia. "Sólo tienen derecho a voto cuando se lo reconocen leyes o tratados, y esta ley no se los reconoce", señaló. Para eso haría falta que fuesen ciudadanos de la Unión Europea, o bien de países que tienen firmados tratados de reciprocidad. Los magrebíes, por tanto, quedarían excluidos, "cosa que no me parece bien", concluyó.
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