La FAPA de Valencia fuerza la retirada de Garcés
Antoni Garcés fue obligado ayer a abandonar la presidencia de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de la provincia de Valencia. Una mayoría cuantiosa de los asistentes a la asamblea, convocada en Xàtiva, secundó la propuesta del sector crítico para nombrar una gestora que relevase a Garcés en la dirección. La reunión que se inició con cuatro horas de retraso, fue una muestra de la tensión que se vive en el movimiento de padres de alumnos desde la llegada al poder de Antoni Garcés. Tras la espera, Pascual Pérez, portavoz de la actual gestora, intentó leer un manifiesto de protesta contra la actitud del comité ejecutivo frente a la Administración autonómica. Las pretensiones de Pérez fueron abortadas desde la mesa presidencial. La censura soliviantó los ánimos de la mayoría de los asistentes. Al grito de "volem democràcia", los críticos consiguieron que Garcés aceptase una votación que acabara con el conflicto de FAPA-Valencia. El resultado del improvisado refrendo, que se decantó ampliamente por la creación de una comisión gestora, supuso la destitución inmediata del comité presidido por Garcés. Éste declaró a Efe que se produjeron incidentes que obligaron a la intervención de la policía, extremo que negó rotundamente Carlos Costa, perteneciente al sector crítico. Con todo, la junta intentó hasta el último momento mantenerse al frente de la federación. La asistencia masiva había obligado a los organizadores a trasladar el lugar de reunión a una sala de cine, que debían abandonar a las dos de la tarde. Esta circunstancia fue aprovechada por Garcés, que trató de alargar la asamblea para provocar su suspensión y que la nueva gestora no llegase a tomar posesión. Sin embargo, los asistentes forzaron a la directiva a retirarse del estrado presidencial. Tras el nombramiento de los nuevos dirigentes, Pascual Pérez, portavoz de la gestora, acusó a la Generalitat de crear el conflicto al querer "comprar la federación o dividirla". Pérez también señaló que desde la Administración se pretende "desmovilizar el movimiento" de padres de alumnos.
La gestora, al frente de la cual figura José Antonio Moya, quedó encargada de convocar un proceso electoral, que se celebrará previsiblemente en enero.
