Los expertos piden publicidad al Comité Europeo contra la Tortura

ENVIADO ESPECIALLos 300 expertos que debatieron este fin de semana en el Consejo de Europa con motivo del 10º aniversario del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CEPT) cuestionaron seriamente el secretismo de los informes sobre las visitas a cárceles y otros centro de detención y se plantearon una reforma del convenio que acabe con la confidencialidad y que potencie la transparencia.

El suizo Cornelio Sommarruga, presidente internacional de la Cruz Roja, admitió que, pese a la democracia, la tortura es "un hecho cotidiano", y se refirió a una nueva forma: la desparición de los detenidos. Commarruga describió el fracaso penitenciario, que convierte las cárceles en un escenario de atrocidades, hacinamiento, explotación de menores y esclavitud sexual y en donde los presos mueren de hambre o de sida ante un impasible sistema judicial colapsado.En apoyo de esta visión amplia de la tortura, el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Luzius Wildhaber, recordó la sentencia de este tribunal que el 28 de julio último condenó a Francia a causa de los sufrimientos infligidos por la policía gala al holandés y marroquí Ahmed Selmouni, "que hace 20 años no serían torturas, pero ahora lo son, y ese criterio va a aplicar el TEDH".

Demasiado "misterio"

Wildhaber apuntó que la confidencialidad con que trabaja el CEPT es un obstáculo para las relaciones con el tribunal, cuyo procedimiento es público. Con mayor rotundidad, Rodney Morgan, profesor de criminología en el Reino Unido, criticó "el misterio" con que actúa el CEPT, que impide saber lo que hay en su "caja negra".El presidente del CEPT, Ivan Zakine, recordó que la regla de la confidencialidad fue clave para que los Estados admitieran hace 10 años que el comité visitara sus cárceles y comisarías. El Convenio Europeo contra la Tortura exige una mayoría de dos tercios de los 40 miembros del CEPT para dar a la publicidad un informe si el Gobierno del país visitado "no coopera o se niega a mejorar la situación".

En sus primeros 10 años, el CEPT sólo usó esta previsión contra Turquía, mientras que hay un informe de 1997 contra España pendiente de divulgar.

El senador y ex ministro de Justicia francés Robert Badinter, que moderó una de las sesiones, asumió la necesidad de que los informes del CEPT sean "cada vez más públicos", y reprochó a los Estados que suelen esquivar el contenido de los mismos. Leopoldo Torres, miembro español del CEPT, señala que éste considera esencial la asistencia letrada inicial al detenido y la posibilidad de avisar a familiares y a un médico.

Ante la "espeluznante" situación, Badinter propugnó, además de renegociar el convenio para dar transparencia a los informes, un comité de seguimiento para que los Estados subsanen los defectos observados por el CEPT no sólo en las cárceles y comisarías, sino también "en los centros de retención de extranjeros, auténticos campos de concentración, así como en los establecimientos disciplinarios militares".

Fue bien acogida la sugerencia de Álvaro Gil-Robles, recién designado comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, de que el CEPT visite también los centros psiquiátricos. Gil-Robles, a punto de viajar a Chechenia, aseguró a EL PAÍS que el fallo en la lucha contra la tortura deriva de "que no hemos sensibilizado a una sociedad agobiada por problemas económicos y que a veces entiende al torturador". Estimó un reto sensibilizar contra la tortura a países como los del Este, que han sufrido largas dictaduras, y apostó por trabajar "desde la escuela".