La fiscalía pide penas de 156 años de prisión para De la Rosa y 9 imputados más en el 'caso Torras'

El fiscal anticorrupción del caso Torras, Salvador Viada, ha pedido penas de 38 años de prisión para Javier de la Rosa por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas en tres operaciones realizadas cuando el financiero era vicepresidente del Grupo Torras. En total, el fiscal pide 156 años de prisión para los diez imputados. Para el que fue consejero delegado de Torras, Jorge Núñez, la petición se eleva a 29 años, mientras que para Manuel Prado es de 4 años. En el caso del ex presidente de Ebro Manuel Guasch, la petición es de 17 años.

En su escrito de acusación, el fiscal analiza cada una de estas operaciones. La primera, realizada en mayo de 1992, consistió en el desvío de 1.900 millones de pesetas a través de la sociedad Wardbase. El dinero acabó en una cuenta suiza propiedad de sociedades de Manuel Prado y Colón de Carvajal. El fiscal Viada pide en este asunto penas de seis años por el delito de falsedad y cuatro por el de apropiación indebida para De la Rosa y Núñez. Para Prado la pena sería de cuatro años por apropiación indebida, más 1.900 millones de pesetas de indeminización al Grupo Torras.La segunda fue la venta de la papelera Icsa, filial de Torras, en abril de 1987. Primero la vendió a otra de sus filiales, Inpacsa, por 1.900 millones. Un año después la revendió a una sociedad gibraltareña por 4.200 millones. En septiembre de 1988, la gibraltareña la vendió a su vez al grupo irlandés Smurfit por 12.000 millones.

La diferencia, 7.800 millones, acabó en cuentas suizas de De la Rosa y otros miembros de su equipo. Viada pide por los supuestos delitos de apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad continuada en documento mercantil 19 años para De la Rosa y Núñez; 6 años para el ex director financiero de Torras, Miguel Soler; 17 años para Manuel Guasch, para el ex ejecutivo de KIO, el grupo propietario de Torras, Richard Robinson y para el asesor gibraltareño Plinio Coll; 12 para el abogado barcelonés Juan José Folchi; y 2 años y 4 meses para el ex secretario del consejo de Torras, José María Sot. Asimismo, como Inpacsa, la última propietaria española de Icsa, tenía accionistas minoritarios en Bolsa, el fiscal pide seis años para el presidente del grupo Smurfit, Michael Smurfit. En esta operación el fiscal no pide responsabilidades civiles porque Torras ya presentó el caso en Londres. La última operación, Croesus, consistió en el envío de 27,4 millones de dólares en mayo de 1988 a una cuenta suiza de Enrique Sarasola, que no está imputado por haber prescrito los delitos. Pero el fiscal abre la puerta a la reclamación civil ya que el empresario utilizó el dinero para comprar un solar a Prima Inmobiliaria.El fiscal pide 9 años para De la Rosa por apropiación indebida y falsedad y cuatro años para Soler. En esta operación, se piden responsabilidades civiles de 7.800 millones a devolver a Torras e Inpacsa. En EL PAÍS Digital se puede consultar el texto íntegro de la Fiscalía. www.elpais.es/p/d/19991119/economia/diligen.htm.