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Tribuna:

La necesaria reforma de la Justicia

Es evidente que se necesita una reforma a fondo de algunas de las leyes, conceptos y actuaciones de la Justicia española si no queremos que se repitan hechos como el sucedido hace pocas semanas: una juez otorga la libertad provisional a un preso, especializado en agredir a varias mujeres, por pegar varios tiros a una ex novia, entre otras acciones violentas. Resulta increíble que el sistema de protección a las víctimas se haya vulnerado tan alarmantemente en este caso: la mujer pidió protección por el acoso del presuntamente reinsertado en la sociedad. Nada, no le prestaron el menor caso y el supuesto buen preso -supongo que bueno, pues por algo lo habrán soltado- mató plácidamente a su última ex novia. Cabría preguntarse, no inocentemente, si la víctima del delito, que condujo al delincuente en su día a la cárcel, hubiese sido la juez misma o su hija, si la tuviere, ¿le habría concedido la libertad provisional?Que se lleguen a dar situaciones tan injustas y dantescas como la aludida se debe, en mi opinión, a estos factores:

1. El sistema judicial y penitenciario español falla estrepitosamente de base, al intentar, como primer objetivo, la reinserción social del infractor o facineroso. Que se sepa, la misión principal de las cárceles ha sido, es o debiera ser la protección de la sociedad y sobre todo las víctimas agredidas por el reo. Por ello, se les debe mantener encerrados la totalidad de la condena, para que no puedan continuar con sus fechorías, asesinatos, violaciones, etcétera. Sin embargo, como el sistema pretende la reinserción social de todos los presos, cuando muchos de ellos no quieren para nada esa reinserción social sino que los liberen para continuar con sus delitos; en consecuencia, como el delincuente es de todo menos tonto o bobo, se porta bien en prisión con el fin de obtener la libertad; pero casi nunca porque se haya regenerado. Por esa causa, aunque parezca mentira, el sistema protege y mima al delincuente supuestamente reinsertado, lo deja en libertad provisional o lo libera cuando ha cumplido penas ridículas en comparación del daño causado. Al tiempo que las posibles víctimas, toda la sociedad y, sobre todo, los afectados en el pasado directamente por el infractor, si están vivos aún a pesar de la agresión sufrida, comenzarán a temblar de pavor cuando salga a la calle. ¡Vaya una manera más nefasta e insensata de entender la justicia: velando más por el bienestar del delincuente que por la seguridad de las víctimas! La justicia, si la podemos seguir llamando así por lo injusta que llega a ser, nos lleva a esa aberración: cualquier hombre español le pega dos o tres puñetazos a su mujer y no le pasa absolutamente nada, excepto eso: que a su mujer ni Dios le quita o la resarce de las hostias que le ha propinado a discreción. En el mejor de los casos, el marido es condenado a prisión -casi nunca sucede, se trata de una suposición-; pero a los pocos meses sale victorioso de la penitenciaría y, como la policía no garantiza la integridad física de su mujer, si le apetece al fulano, tornará a golpear a su pareja o a matarla si le place.

2. La protección del delincuente resulta tan abrumadora que se llega a esta manifiesta irracionalidad: la legítima defensa sólo se considerará circunstancia eximente de responsabilidad criminal en aquel caso en que la víctima de una agresión ilegítima se defienda utilizando el mismo medio empleado por el delincuente o agresor en la comisión del delito (véase el Código Penal, art. 20, 4º, Segundo). A mi parecer, esto supone darle ventajas al malhechor o criminal y dejar desamparada a la víctima. Me valdré de este ejemplo clarificador: si dos personas, a altas horas de la madrugada, destrozan la puerta de una vivienda e irrumpen en ella, según el artículo mencionado del Código Penal, puede el dueño de la casa repeler la agresión o defenderse con el mismo medio que utilicen los agresores. Desde luego, me parece absurdo; pues la víctima ¿qué hace de hacer en el segundo o segundos de que disponer para defender a su familia, a él mismo y a su vivienda?, ¿preguntar a los agresores, a la policía o al juez, qué instrumentos llevan los delincuentes: navajas, barras de hierro, armas de fuego, etcétera, para intentar repelerles con el mismo medio? Por descontado, si alguien es tan estúpido como para tratar de averiguarlo, mientras tanto puede que estén asesinando a su familia. Lo normal, lo lógico, lo natural con la condición biológica humana, estriba en que repela la amenaza con la ayuda del arma más eficaz de que disponga, salvo que los delincuentes no vayan armados y al ver a las víctimas huyan sin cometer el delito. El que se arriesga y ataca, roba, viola, trata de asesinar, etcétera, ya sabe que está exponiendo su vida y la ajena en peligro. No obstante, las leyes, en ocasiones, carecen de la necesaria lógica, y demasiadas veces las víctimas han de indemnizar a sus verdugos porque han sido lesionados por los medios de que disponía el inocente que trataba únicamente de conservar sus bienes o su vida a manos del ladrón, violador, etcétera.

Si hay una institución española que precisa de una reforma y de una racionalización tanto en sus métodos como en sus objetivos, es a todas luces la Administración de Justicia. Mientras ésta no se lleve a efecto, los españoles sentiremos una natural desconfianza ante los tribunales de justicia. Sin embargo, por mucho que necesite de una reforma, no será fácil que se materialice por tratarse de una de las instituciones más conservadoras y reacias al cambio. En atención a lo cual, la sociedad, los políticos, el Gobierno central, etcétera, habrían de movilizarse, tomar cartas en el asunto y tratar de transformar los objetivos penitenciarios, la restricción tajante de permisos, indultos y libertades provisionales de aquellos reos peligrosos o que se sospeche que puedan reincidir y atacar a otros inocentes o a sus víctimas de antaño. Es de derecho que los jueces atiendan las legítimas pretensiones de sus administrados, de lo contrario los ciudadanos sospecharemos que andan más preocupados porque les suban el sueldo, ya bastante elevado en comparación de la media española, que por la tutela efectiva de la justicia y la protección que merecen los ciudadanos honrados.

Raimundo Montero es profesor de Filosofía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de noviembre de 1999