Un juicio por un fraude al IVA de 5.000 millones lleva 18 meses de retraso

La Audiencia de Málaga lleva un año y medio sin poner fecha a un juicio sobre un supuesto fraude fiscal en el que el principal imputado es Juan García Ruiz, inspector de finanzas del Estado ahora en excedencia y militante del PP en Málaga. A él y a los otros ocho encausados se les acusa de haber constituido entre 1987 y 1995 un entramado de empresas ficticias a través de las cuales elaboraron facturas falsas por más de 5.000 millones. Los justificantes se vendieron a empresas reales que los presentaban para lograr la devolución del IVA.La instrucción del caso finalizó en abril de 1998. Sin embargo, hasta la fecha no se ha señalado el juicio oral. Fuentes judiciales admiten que existe el peligro de que prescriban algunos delitos si el expediente llega a permanecer inactivo tres años, y la pena que lleva aparejada es de dos. Sin embargo, el titular de la Sección Segunda de la Audiencia malagueña, la sala que enjuiciará los hechos, lo niega: "El retraso se debe a que en enero se detectó un pequeño error en el sumario y hubo que devolvérselo al instructor, que aún no lo ha remitido", afirma José María Muñoz Caparrós. El instructor Rafael Caballero Bonal asegura que el error "se subsanó en el acto, y el expediente se devolvió a la Audiencia en enero".

Petición fiscal

Otras fuentes judiciales atribuyen el retraso al hecho de que algunos de los letrados de la causa defienden también el caso Intelhorce. "Celebrar dos macrojuicios a la vez puede llevar a la eternización de ambos", indican. El principal imputado en el caso actualmente es García Ruiz, que ayer declinó hablar con este periódico. La concepción del entramado empresarial se le atribuye a un hermano suyo que falleció durante la instrucción. La fiscal pide para García Ruiz un total de 21 años de cárcel por falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a Hacienda, cohecho y varias estafas.

Otro de los encausados es José Peña Villalba, un importante empresario malagueño para el que se piden cinco años por cohecho y falsedad. La primera sociedad falsa se constituyó en 1987. En años sucesivos, según la calificación del fiscal, se crearon al menos cuatro empresas más sin actividad. A través de ellas se emitían facturas falsas que se vendían a empresarios malagueños. Éstos las presentaban para lograr la devolución del IVA. Entre 1988 y 1989, se facturaron 5.000 millones en falsos justificantes, lo que habría reportado al menos 500 millones en beneficios.

Juan García Ruiz sigue militando en el PP, según confirmaron fuentes del partido. Mantiene su puesto en la administración, aunque actualmente en excedencia. Durante todo el proceso mantiene que es inocente y víctima de una trama política. Sin embargo, a finales de los ochenta su tren de vida sorprendía a las personas de su entorno: era copropietario de una televisión local junto con José Peña, formó parte del Consejo de Administración del Málaga Club de Fútbol antes de su desaparición, conducía un coche lujoso y pujaba por terrenos cotizados.