Porcentajes

J. M. CABALLERO BONALD

Decían los latinos que el exceso de justicia conduce al exceso de injusticia. Siempre pensé que ese adagio, amén de certero, incluía un buen número de lecciones colaterales. En todo caso, se puede aplicar a no pocas actitudes y situaciones no exactamente jurídicas. Por ejemplo, a la decisión del presidente Chaves de fijar en el 50% el porcentaje de mujeres que formarían parte del gobierno andaluz, en el supuesto de que ganara de nuevo en los próximos comicios. De acuerdo: al margen de la retórica electoral que contiene esa iniciativa, también incluye una muy justiciera voluntad igualitaria.

Pero no acabo de entender muy bien que el monto de esa representación femenina tenga que preverse con tan rigurosa exactitud. Una previa asignación de poderes a partes iguales entre ambos sexos resulta por lo menos temeraria. Porque ¿cómo se solventaría la papeleta si las candidatas aceptables superaran o no alcanzaran el 50%? ¿Habría que prescindir sin más del superávit, o bien cubrir el cupo con aportaciones procedentes de una segunda escala de méritos? Supongo que cualquier mujer ecuánime se sentirá un poco recelosa ante semejante reparto. Basta pensar con la debida imprudencia que el asunto se volviera del revés, esto es, que las mujeres propusieran que el 50% de los hombres pasaran a formar parte de ese presunto gobierno autónomo.

De sobra sabemos hasta qué punto la discriminación femenina supuso durante siglos una execrable práctica social. Hasta hace sólo unas décadas no pudieron perpetrar las mujeres su propia revolución, es decir, no lograron canalizar sus reivindicaciones ni alcanzar finalmente, salvo atascos de última hora, una situación de igualdad respecto al hombre. Una vez que el feminismo dejó de ser una beligerante contrapartida del machismo, todo se redujo a un equilibrio natural entre el género femenino, el masculino y no sé si el neutro.

Recuerdo que Carmen Romero defendió hace años que la presencia femenina en la vida política debía llegar al 25%. La mentalidad tradicional también cambió a este respecto desde entonces. Ahora mismo acabo de leer que Joaquín Almunia ha propuesto reformar la ley electoral en el sentido de que un mínimo del 40% de las candidaturas se reserven a mujeres. Lo que se llama una subida de nivel. Pero insisto en lo mismo. La obstinada tendencia a encarecer esas cuotas institucionales femeninas tiene algo de petición de perdón por las muchas ofensas precedentes. Y eso ya suena a ejercicios espirituales.

Hasta el plural ha perdido, gracias a la oratoria política, su condición gramatical de englobar al masculino y al femenino. Referirse ahora, por ejemplo, a los compañeros es excluir a las compañeras. O sea, que la feminización -duro vocablo- es ya un proyecto político que afecta incluso a las normas lingüísticas. Y yo creo que, antes que feminizar nada, lo que habría que hacer es encontrar el antídoto definitivo para que la mujer deje de ser esclavizada, ultrajada, agredida por el hombre. Ese sí que sería el corolario justo a los afanes paritarios femeninos. Y además no parece razonable equiparar a una mujer libremente dispuesta con una mujer electoralmente disponible. Digo yo.