Los tribunales anulan el sistema de valoración de puestos de trabajo de la Diputación de Álava

La Diputación de Álava tendrá que establecer un nuevo sistema de retribución para sus funcionarios después de que los tribunales de justicia hayan anulado la valoración de puestos de trabajo aprobado este año. El Ejecutivo foral ha optado por recurrir las resoluciones adversas, en un intento de ganar tiempo y revisar la situación. Según las sentencias dictadas por varios juzgados de lo contencioso administrativo de Vitoria, la Diputación no ha tenido en cuenta las especificidades de cada puesto de trabajo a la hora de fijar el sueldo, tal y como estipula la Ley de Función Pública del País Vasco, y se ha limitado a adecuar las retribuciones a las categorías profesionales.

Se da la circunstancia de que el fallo judicial va a repercutir en el actual equipo de gobierno foral, integrado por PP y UA, cuando la aplicación del mecanismo fue responsabilidad del anterior, formado por PNV y EA. El anterior equipo nacionalista, presidido por Félix Ormazabal lo aprobó a principios de año con el apoyo de los sindicatos mayoritarios en la Diputación, ELA y LAB. Hasta cincuenta sentencias (emitidas la mayoría el pasado mes de octubre) se acumulan ya en contra de la Diputación.El anterior equipo de gobierno aprobó en enero el sistema de valoración de puestos de trabajo, que es el mecanismo que fija las retribuciones de los funcionarios teniendo en cuenta las características de la plaza que ocupan. Este sistema se aplicó con diez años de retraso, ya que la Ley de Función Pública Vasca de 1989, obliga a todas las administraciones a disponer de una valoración de puestos de trabajo para poder pagar a sus trabajadores de una manera más objetiva. Hasta el pasado enero, la Diputación se regía por diferentes decretos para regular la escala de valoración y los sueldos de sus funcionarios, pero no por una norma de superior rango, como era su obligación.

Las diputaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa ya aprobaron su valoración de puestos de trabajo a principios de esta década y la revisan puntualmente, aunque también han encontrado numerosos problemas en los tribunales al recurrir algunos funcionarios la definición de su estatus, establecido generalmente en el marco de un acuerdo global de los sindicatos con el gobierno foral de turno.

Los trabajadores forales cobran sus nóminas por cuatro conceptos: el sueldo mínimo y la antigüedad (que son las retribuciones básicas) y los complementos específico y de destino. La valoración de puestos de trabajo afecta directamente en el complemento específico, que se determina atendiendo a parámetros como la responsabilidad que desempeña el ocupante de la plaza, la jerarquía, experiencia, motivación y las consecuencias que se pueden derivar del desempeño de su trabajo.

"Desviación de poder"

Las sentencias resaltan que la Administración foral ha hecho un mal uso del complemento específico y, por lo tanto, anulan una de las partes sustanciales del sistema de valoración de puestos de trabajo. Uno de estos fallos judiciales señala que "la Administración ha perseguido un determinado objetivo utilizando un medio previsto para otro fin por el legislador, desdeñando medios a los que no cabe objetar esta tacha, por lo que ha incurrido en desviación de poder". Según el sindicato UGT, la sentencia "deja bien claro que no se ha valorado el puesto en función del trabajo que se desarrolla, sino que se ha realizado la adecuación retributiva según las categorías, lo que ha repercutido negativamente en casi todos los trabajadores". Según este sindicato, el procedimiento sólo ha beneficiado a unos pocos. "Ahora lo que tiene que hacer el actual Ejecutivo es partir de cero y renegociar la valoración".

Por su parte, el diputado de Presidencia, Alfredo Marco Tabar (del que depende la dirección de Función Pública), reconoció que la situación creada es "grave". ""El complemento específico se ha utilizado mal y ahora las soluciones que se pueden dar son malas, al menos de momento". "Hemos optado por recurrir las sentencias", añadió, "para ganar tiempo y estudiar con detenimiento lo que podemos hacer". Para la actual Diputación se trata de una situación heredada del anterior equipo que no quiere calificar, pero que, apunta, "generó una enorme insatisfacción desde el primer momento entre el colectivo de funcionarios".

En esta línea, Tabar adelantó que la voluntad de la Diputación es analizar las alegaciones que realizaron los funcionarios antes de que se aprobase el sistema de valoración de puestos de trabajo y "pacificar un debate muy encrespado". "Las sentencias van llevar a que en la práctica se haga una nueva valoración de puestos de trabajo", anunció.