El rastro de Liechtenstein

El teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Luis López Sanz, y uno de sus miembros, Javier Sánchez Junco, han reconstruido en su escrito definitivo de acusación los mecanismos financieros utilizados por Mario Conde y su máximo colaborador, Arturo Romaní, para disfrazar el uso de una parte de los dineros presuntamente detraídos de Banesto. Ambos intentaron seguir el rastro del dinero."Los acusados se valieron en múltiples ocasiones de sociedades cuya propiedad real mantenían oculta, ya que aparecían como propiedad formal de terceros, cuando en realidad éstos no eran sino lo que coloquialmente se conoce como testaferros u hombres de paja", dicen los fiscales.

Pero no sólo se limitaron a utilizar empresas a nombres de otras personas. "Sociedades de los propios acusados sirvieron como medio de canalización de las ganancias de otros acusados, desempeñando, por lo tanto, una función fiduciaria de éstos, y así algunos de los acusados fueron encargados por el resto de instrumentar la comisión de los delitos y de ocultar y administrar los fondos ilícitamente detraídos", añaden.

Los fiscales han avanzado considerablemente en el trazado del mapa delictivo a través de un análisis del flujo de fondos en las sociedades utilizadas. Una parte del dinero, procedente de operaciones distintas, se esfuma en el paraíso centroeuropeo de Liechtenstein.

En su informe, coincidente con el análisis de los citados fiscales, el abogado José Antonio Jiménez, representante de la acusación particular de Banesto, señaló al tribunal: "Sus señorías deben recordar estos tres nombres: Peter Schwartz, Hans Gassner y Paolo Gallone. Una parte del dinero siempre termina siendo administrada por ellos".

El primero, Schwartz, es un abogado de Zúrich; el segundo, Gassner, un especialista en manejar dineros de la conocida firma de abogados Batliner & Partner, de Vaduz (Liechtenstein), y el tercero, Gallone, un abogado de Lausana a quien Conde y sus amigos solicitaron la creación de sociedades en Suiza y de fundaciones de familia en Liechtenstein. Las tres sociedades que canalizan los 1.500 millones originados en la llamada Operación Cementeras son Gay Cordon, Data Transmission Systems y Montilsa.

Gay Cordon fue constituida en 1987, para ser adquirida más tarde, en marzo de 1990, por Mario Conde y Arturo Romaní, "con la finalidad de ser utilizada en la recepción de los fondos procedentes de la Operación Cementeras". Data Transmission Systems fue, a su vez, adquirida por Romaní, también en marzo de 1990, para canalizar dinero de las cementeras. El propietario formal de Data es la sociedad Selino Establishment, domiciliada en Liechtenstein, siendo su administrador Hans Gassner.

En lugar de mantener un sistema de compartimientos bloqueados, la técnica utilizada por Conde y Romaní supone mezclar a los mismos fiduciarios en diferentes operaciones paralelas en el tiempo, casi siempre durante el año 1990. Así, Selino es, a su vez, una empresa que administra la sociedad suiza Veliades Holding, del cantón de Thurgau, cuyo directivo es el abogado Peter Schwartz.

El uso de Schwartz fue doble: controlaba, a través de Veliades, la sociedad Montilsa, que interviene en las operaciones del centro comercial Concha Espina La Esquina del Bernabéu (1.500 millones), y al mismo tiempo recibe casi 1.200 de los 1.344 millones de pesetas que pagó la multinacional norteamericana Air Products por una opción del 5,9% del capital de Carburos Metálicos.

Schwartz envía ese dinero a Gassner, quien, además de ser administrador en Selino, también gestiona los fondos de la Fundación Levis, de Liechtenstein, a cuya cuenta va el dinero detraído de la llamada Operación Carburos. Gassner también administra la sociedad Jarnac, que opera en Liechtenstein con el despacho de Arturo Romaní en Madrid.

En su informe, los fiscales López Sanz y Sánchez Junco señalan que, de "los 1.224 millones que obtuvo Data [cementeras], 170 millones se destinaron a fincas particulares de Mario Conde y otros 530 millones se utilizaron en la compra por éste y Arturo Romaní de la finca Hacienda de los Melonares [Sevilla], finca que se dividió entre los dos acusados, a través de sus sociedades Longanor [Romaní] y Nortactivos [Conde]".

En el caso de las cementeras, como en las otras operaciones, el usufructo de los fondos es justificado por Conde y Romaní como préstamos que les fueron realizados. En octubre de 1992, la sociedad Apolo Inversiones y Servicios (controlada por Conde y Romaní) recibió préstamos por un total de 544 millones de Data (150 millones), Gay Cordon (84 millones) y Montilsa (310 millones). Apolo, inmediatamente, dispone de esos fondos. Arturo Romaní recibió 10 millones y el resto los distribuyó en préstamos a sus sociedades Longanor (295 millones en dos créditos), Inversiones Rondonópolis (160 millones), Tropicana Europea (36 millones) y Promociones Siracusa (43 millones).

A su vez, Inversiones Rondonópolis aplicó los 160 millones a reducir su deuda con Banesto y a pagar 74.997.138 pesetas a Constructora Castrillón (filial de Asturiana del Zinc), mientras que Longanor aplicó uno de los dos préstamos que recibió, de 64 millones, a reducir igualmente su deuda con Banesto, a pagar 25 millones a Constructora Castrillón y 16,9 a Mefasa (constructora de yates). "En realidad", dicen los fiscales, "esta cadena de movimientos diseñada por Romaní era la utilización por parte suya de fondos que tenían Data, Gay Cordon y Montilsa, y pago de facturas de sus fincas y yate".

Apolo Inversiones y Servicios, según la reconstrucción, "sólo desempeñó un papel de sociedad pantalla entre Data, Gay y Montilsa y las sociedades de Romaní, con el fin de evitar que se conociese el origen de los fondos obtenidos por estas sociedades de su propiedad". Los fiscales señalan que "los 544 millones utilizados por Romaní, encubiertos bajo la forma de préstamos, fueron aparentemente devueltos por éste en octubre de 1993, pero para ello lo único que hizo fue cambiar la forma de justificar esa disposición en beneficio propio. En vez de amparar esa disposición bajo la forma de diversos préstamos, a partir de octubre de 1993, la utilización de los fondos se pasó a justificar como una participación en el accionariado de sus sociedades patrimoniales".

Fue así que, el 10 de mayo de 1993, Montilsa traspasó 590 millones de pesetas a Suiza, a su matriz Veliades Holding, en concepto de dividendo, de los cuales, Veliades transfirió 490 millones a otra filial, Espolca BV, radicada en Holanda.

A su vez, Espolca suscribió en septiembre del año 1993 una ampliación de capital de Longanor, que se hizo con 490 millones. "Sin embargo", subrayan los fiscales, "el dinero se había recibido en agosto de 1993. De esta forma, el dinero que había salido de Montilsa volvió de esta forma de Suiza a España".

Los fiscales detallan paso a paso cómo 420 millones de pesetas procedentes de la Operación Cementeras que canaliza Data Transmission Systems llegan a Mario Conde, quien dispuso de fondos a través de diferentes operaciones, encubiertas también como préstamos y operaciones de compraventa de fincas a presuntos terceros que no eran más que él mismo (finca de Pollença, Mallorca).

En el capítulo de la trama suiza, los fiscales analizan la relación de las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna con la Fundación Melvin, domiciliada en Liechtenstein, y de la cual formaron parte, según el reglamento de la misma, Mario Conde, Arturo Romaní, Mariano Gómez de Liaño y Francisco J. Sitges.