Dimiten dos altos cargos de Fomento y el PP suspende al inspector de Hacienda José Lucas

Dos altos cargos del Ministerio de Fomento, responsables de la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, dimitieron ayer al descubrirse que dos empresas relacionadas con ellos se han visto directamente beneficiadas por contratos para la construcción del AVE por importe de más de 5.600 millones de pesetas. La oposición se ha apresurado a pedir explicaciones urgentes al ministro, Rafael Arias-Salgado. Poco después, el PP anunciaba su decisión de suspender de militancia a José Lucas Carrasco, inspector jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña y propietario, a través de su esposa, de cuentas en Suiza alimentadas por el grupo que dirigía el empresario Javier de la Rosa.

El Gobierno del Partido Popular vivió ayer una dura jornada en la que tuvo que responder con dos dimisiones inmediatas y una suspensión de militancia a dos revelaciones periodísticas de supuestos casos de corrupción. Uno de ellos ha costado el cargo, "en tanto se esclarecen los hechos", a los responsables de Fomento Leonardo Torres-Quevedo y José Luis García de Viedma, a quienes el diario El Mundo acusaba ayer de haber favorecido supuestamente con la adjudicación de contratos del AVE a dos empresas, Corsan y Typsa, en las que ambos habían ejercido cargos de responsabilidad. Torres-Quevedo, director del área de obras del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), mantiene, además, vínculos familiares con directivos de una de estas empresas.Según la base de datos Informa, que utiliza el Registro Mercantil, uno de los administradores de Corsán es Jacobo Corsini, relacionado familiarmente con el presidente de Renfe, Miguel Corsini, como han confirmado a este periódico fuentes de la compañía ferroviaria. Renfe no participa en la adjudicación de las obras del AVE.

El Ministerio de Fomento, al tiempo que se apresuraba a anunciar la renuncia de los dos directivos, anunciaba una investigación urgente para esclarecer los hechos. Pero la jornada aún iba a deparar a los populares una tercera baja, la del inspector jefe de unidad de la Inspección Regional de Hacienda de Cataluña, José Lucas Carrasco, quien, según desveló el domingo EL PAÍS, es propietario, junto con su esposa, de cuentas bancarias en Suiza que recibieron decenas de millones de pesetas de los anteriores gestores del Grupo Torras, encabezados por Javier de la Rosa. El partido en el Gobierno ha optado por suspenderle de militancia.

Las reacciones políticas a ambos casos han sido muy duras. El PSOE ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, para que explique las adjudicaciones de proyectos del AVE. A esta iniciativa se han sumado otros grupos de la oposición. Jesús Caldera, portavoz socialista de infraestructuras, aseguró que en el Ministerio de Fomento "todo suena a amiguismo, a pelotazos", y recordó que el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), al que pertenecían los dos responsables de Fomento que ayer se vieron obligados a cesar, no ofrece información al Parlamento desde su creación, en 1997. Izquierda Unida ha pedido la dimisión del superior de los dos responsables del GIF y da por supuesto que la renuncia de ambos indica que "algo hay que investigar". De ellos, sólo Leonardo Torres-Quevedo ha obtenido una muestra de claro apoyo por parte de Fomento. El ex presidente del GIF y actual secretario de Estado de Infraestructuras, Albert Vilalta, está "convencido", dijo, de que su actuación ha sido "absolutamente correcta".

En el caso del inspector de Hacienda José Lucas Carrasco, responsables del PP en Cataluña informaron ayer de que se dio de baja como militante en agosto 1985 y volvió a afiliarse en octubre de 1995. Poco después, responsables del partido en aquella comunidad le propusieron para el cargo de jefe regional de inspección.

"La etapa socialista"

El actual presidente del PP catalán, Alberto Fernández Díaz, quiso, además, desvincular a su partido de cualquier responsabilidad en el caso y señaló que "las presuntas irregularidades [de Lucas] sucedieron en el entorno de otras presuntas irregularidades acaecidas en la etapa del Gobierno socialista". Fernández Díaz negó incluso que su partido hubiera propuesto en 1996 a Lucas como jefe regional de inspección.En la misma línea, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, negaba desde Bruselas la existencia de vínculos entre el PP y las supuestas corruptelas descubiertas en la Agencia Tributaria de Cataluña. "Sobre la presunta relación de militancia de las personas que han sido mencionadas en la prensa con respecto al PP, quiero desmentir que en esas fechas hubiera ninguna persona que estuviera vinculada al PP", declaró Rato.

"Desde hace varios meses", continuó, "existe una investigación que ha sido trasladada a los órganos jurisdiccionales sobre una supuesta organización en la que estarían afectadas personas que tenían responsabilidades en los primeros años de la década de los noventa. Por tanto, bajo responsabilidad del Gobierno socialista en la delegación y en la agencia tributaria de Barcelona". "Son hechos que presuntamente sucedían a principios de los años noventa, cuando la responsabilidad política de la Agencia Tributaria era del Gobierno socialista", reiteró el vicepresidente, que participó en Bruselas en el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea.

Desde la oposición, el portavoz de infraestructuras del grupo socialista, Jesús Caldera, acusaba al secretario general del PP, Javier Arenas, de ser un "hipócrita" por decir, al igual que Rato, que el caso de Lucas corresponde a "una etapa anterior". "Si se hubiera conocido en aquel momento, no le quepa la menor duda de que la actuación de la Administración socialista habría sido inmediata", aseguró Caldera en los pasillos del Congreso, donde pidió al Gobierno "una reacción urgente".

La exigencia de Caldera responde al hecho de que, a pesar de la existencia de las cuentas suizas de Lucas, éste aún no ha sido ni apartado del servicio ni suspendido de sus funciones, por lo que continúa con libre acceso a su despacho y con plena libertad de movimientos. Fuentes de Hacienda consultadas por este diario señalaron que Lucas no acudió ayer a su dependencia de trabajo, en la plaza de Letamendi de Barcelona.

El portavoz socialista, que calificó a Arenas de "atleta del pensamiento", insistió en que Lucas es "un militante destacado del PP y en el que el PP ha tenido depositada su confianza".