El Consell aparca el Plan Integral de Residuos y anuncia una nueva ley para regular las basuras

El Plan Integral de Residuos (PIR) aprobado por el Consell hace 30 meses y en el que se preveía la inversión de 60.000 millones de pesetas en cinco años sólo contará en el próximo presupuesto de la Generalitat con algo más de 1.500 millones de pesetas. El consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, que compareció ayer en las Cortes para explicar el presupuesto de su departamento, contestó a la crítica de la oposición por este nuevo incumplimiento anunciando una nueva Ley de Residuos. Por la mañana, el titular de Obras Públicas, José Ramón García Antón, citó las políticas de aguas y de vivienda como las prioritarias del próximo ejercicio, mientras la oposición le acusó de repetir proyectos.

El Plan Integral de Residuos fue aprobado en la primavera de 1997. Pero el Consell de Eduardo Zaplana renunció muy pronto a ese plan impulsado por Unión Valenciana, su socio de gobierno de entonces: en noviembre de ese año, cuando se presentaron los presupuestos de 1998, se comprobó que no había dotación para ese proyecto, que sumaba casi 60.000 millones de pesetas, a razón de unos 12.000 millones por año. En el ejercicio siguiente, el actual, se repitió el incumplimiento, y para el año 2000 el Consell vuelve a eludir su compromiso: así lo denunció ayer la oposición al comprobar que para el próximo ejercicio apenas se destinan 1.500 millones de pesetas al PIR."A estas alturas queda claro que el PIR es un cuento", dijo Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida (EU). El consejero de Medio Ambiente se excusó diciendo que el plan ha de ser revisado, aunque anunció que eso se hará después de aprobar una nueva ley de residuos, a la que deberá ser adaptado. Esta nueva ley -dos proyectos semejantes, uno impulsado por los socialistas y otro del Consell del PP, nunca llegaron a plasmarse- incluirá la posibilidad de incorporar a la iniciativa privada en la gestión de los residuos. Ribó mostró su preocupación por los planteamientos "claramente privatizadores" de Modrego. El consejero dijo que su objetivo es que "dentro de cuatro años los residuos no sean un problema fundamental en esta comunidad" y trató de tranquilizar a la oposición al señalar que se puede buscar un modelo en el que la Administración "diseñe" los planes de tratamiento de residuos para que los "ejecute" el sector privado.

Joan Francesc Peris, del Grupo Socialista-Progresista, preguntó a Modrego en dos ocasiones por sus objetivos concretos para reducir el volumen de basura que actualmente no es sometida a ningún tipo de tratamiento -que el diputado cifró en un 55%- pero el consejero no respondió.

Peris manifestó su decepción por los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente, que aumentan, aunque "esconden una triste realidad": que "parten de la miseria" porque sólo suponen el 1,3% del conjunto de la Generalitat. También se refirió Peris a los "incumplimientos clamorosos" y a la "ingeniería financiera" que, en su opinión, revelan las cuentas de este departamento, y criticó las escasas dotaciones destinadas a cuestiones como la educación ambiental, la lucha contra la desertificación o las inversiones en espacios naturales protegidos.

[Por otra parte, Modrego dijo ayer que la normativa española permite catalogar como "espacio protegido" el territorio calificado por los planes urbanísticos de los municipios como suelo no urbanizable de especial protección, en el que no se puede construir, informa Jaime Esquembre. Con este argumento, el consejero rebate las críticas que la semana pasada vertieron contra él grupos ecologistas y partidos de la oposición, que le acusaban de hinchar ante Bruselas la superficie real de espacios protegidos, para optar a ayudas europeas. Modrego reconoció, sin embargo, que sólo el 3% de la superficie de la Comunidad Valenciana, que integran los parques naturales, está sujeta a una protección especial, "pero la Ley del Suelo, de hecho, impone una protección al declarado no urbanizable, y de esa forma lo justificamos ante Bruselas".]

Obras públicas

Por la mañana, el titular de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José Ramón García Antón, compareció también ante la comisión de las Cortes por la que desde ayer y hasta mañana van a desfilar los diferentes miembros del Gobierno valenciano con objeto de explicar los presupuestos de sus respectivos departamentos. El consejero defendió que las inversiones de su área crecerán en el año 2000 en un 7,3%, por encima de la media de la Generalitat, hasta sumar 126.000 millones de pesetas si se incluyen el Instituto Valenciano de la Vivienda, Ferrocarrils de la Generalitat y la Entidad de Saneamiento. Pero la oposición se aferró a otro aspecto de las cuentas de la consejería más inversora de la Administración autonómica: su presupuesto crece menos que el conjunto de las cuentas de la Generalitat: un 6,04%, frente a un 6,85%.

García Antón explicó que las prioridades de su departamento para el próximo ejercicio son las políticas de aguas y de vivienda. Y la oposición le echó en cara que en muchos casos, si se cambiara la fecha, no se notaría, porque los presupuestos repiten partidas de proyectos incluidos este año y no ejecutados.