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Tribuna:

Jueces y soldados

El Estado, con todos sus defectos e inconvenientes, es algo serio. Costó muchos siglos sacarlo a luz, separando el interés público de los privados y caracterizando las instituciones encargadas de su representación y gestión por la permanencia y la generalidad. Y, en torno al Estado así concebido, se construyó su servicio, que, cualesquiera que fueran sus deficiencias, suponía un avance gigantesco respecto de situaciones anteriores. Se entraba al servicio del Estado por vocación de cosa pública -jueces y funcionarios- o por cumplimiento de un deber cívico -servicio militar- pese a las múltiples carencias y molestias de uno u otro camino. Es claro que nunca hay una vocación pura si está hecha de carne y hueso, pero quienes desde hace generaciones conocemos directamente el servicio público, sabemos cuánto de abnegación en pro de lo permanente, general y objetivo, hubo, hay y debe de haber en él.Hace décadas, lo que el ilustre Alejandro Nieto llamó "La Piqueta", acometió la demolición, entre otras cosas, del Estado y la idea de su servicio. Las relaciones "especiales" que vinculaban a los funcionarios con la Administración tendieron a laboralizarse de una u otra manera y el resorte vocacional del servicio público, civil, militar o judicial se substituyó por un resorte profesional. La cuestión no era ya servir a, sino vivir de, aun reconociendo que para ello era preciso trabajar en. Los hombres éticos cedieron el paso a los meramente económicos. La izquierda, que desconfiaba del Estado porque dudaba en poderlo conquistar, fue pionera en esta labor de destrucción y reconversión, sin darse cuenta que al laboralizar abría la puerta a la mercantilización tan cara a la derecha. Y a ésta, dueña del mercado, el Estado le importa muy poco sin comprender que el mercado sin Estado no pasa de la categoría de zoco.

En el mercadeo político, que no presta atención a las instituciones ni a los valores, todo se compra y se vende, toda presión es lícita y cualquier engaño se da por bueno. Así, la profesionalización de las Fuerzas Armadas que debiera ser objeto de una gran política de Estado, sopesada y planeada con tiempo, consensuada entre todos y, una vez acordada, substraída al debate electoral, para ser analizada, programada y ejecutada por técnicos, se substituyó por el demagógico regateo sobre la supresión de la mili. Que el Estado cuente o no con un resorte idóneo de seguridad no parece importar a nadie. Pero todos se afanan, desde las campañas iniciales del CDS hasta las últimas propuestas del PSOE pasando por el PP, en atraer el voto de los mozos que pueden evitar el servicio militar. Si el necesario objetivo de fuerza se cumple o no antes o después, si las dotaciones son o no suficientes y coherentes con lo que dice ser nuestra política en pro de la defensa europea, si el sistema de profesionalización puede o no tener riesgos de pretorianismo, eso no se discute. ¡Lo que importa es rebañar los votos de la quinta inmediata! ¿Cómo puede extrañar que, con tal ejemplo, España sea el paraíso de la insumisión y de la objeción de conciencia meramente instrumental?

A la vez que los políticos dan tan brillante ejemplo de responsabilidad, los jueces (a quienes, dicho sea de paso, hay que rendir estos días sincero homenaje por la ejemplar autodisciplina que han sabido ejercer en el caso Liaño) plantean sus demandas salariales en términos laborales que no pueden menos de escandalizar a la opinión. Que la justicia española tiene graves problemas de funcionalidad y calidad es algo bien sabido. Que el autogobierno de la judicatura planteee un conflicto entre los poderes del Estado con "el lenguaje de la fuerza", en pro de un incremento salarial, muestra que también, en este caso, el motor vocacional ha cedido el paso a la pasión sindical.

No faltarán adalides del nuevo pluralismo que consideren tan descarnado conflicto de intereses una muestra de nuestro avance hacia una sociedad liberada y desinhibida, carente ya de prejuicios vocacionales, axioloógicos e institucionales. Pero también cabe sospechar que sin tales elementos de regulación ni siquiera el mercado es tal. Es más bien un rastro. Un lugar peligroso para vivir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de noviembre de 1999