El Gobierno aprueba una rebaja inmediata del 7% en las tarifas de las autopistas de peaje

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer una rebaja de las tarifas de las autopistas de peaje de un 7%. Esta rebaja entrará en vigor de manera inmediata, cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno decidió también enviar a Bruselas el Plan de Desarrollo Regional (PDR), anunciado varias veces desde julio. Este plan prevé unas inversiones cercanas a los 27 billones de pesetas en el periodo 2000-2006 con destino a las 11 comunidades autónomas que no alcanzan el 75% de la media de renta por habitante de la UE, más Cantabria, en periodo de transición.

El Ministerio de Fomento explicó ayer que el objetivo de la rebaja de las tarifas de las autopistas de peaje "es reducir la carga económica de los ciudadanos, disminuir la inflación, estimular la competitividad y crear empleo en el transporte de mercancías". La rebaja se recoge en un real decreto ley que faculta a las administraciones públicas que hayan otorgado las concesiones de las autopistas de peaje a acordar reducciones selectivas de las tarifas abonadas por los usuarios de las concesiones y tramos de las autopistas de su competencia, de forma que ello suponga un descenso global del 7%.Fomento señala que con esta fórmula se persigue una mayor profundización en el proceso de homogeneización tarifaria de las autopistas de peaje. La rebaja entrará en vigor en cuanto la norma aparezca en el BOE, algo que sucederá, según fuentes oficiales, hoy mismo o el próximo lunes.

Además, el Consejo de Ministros adjudicó la concesión para la construcción, conservación y explotación de las autopistas de peaje que conectarán Ávila y Segovia con la A-6 de Madrid, cuyo coste total asciende a 47.000 millones de pesetas, a la oferta presentada por Iberpistas.

Las obras, que se prevé que comiencen en junio del 2000 para que las nuevas autopistas entren en servicio antes del 1 de julio del 2002, comprenden también la ampliación de la capacidad de la A-6 con un cuarto carril en el trayecto Las Rozas-Villalba y la construcción de un tercer túnel en Guadarrama.

Por proyectos, la construcción de la autopistas desde la A-6 de Madrid hasta Segovia, de una longitud de 14,350 kilómetos, supondrá una inversión de 14.350 millones de pesetas. Por su parte, la ejecución de la que discurrirá entre la A-6 y hasta Ávila, de 24,4 kilómetros, supondrá un importe de 10.900 millones. Según Fomento, estas nuevas autopistas potenciarán el desarrollo turístico y económico de ambas ciudades, que, además de acercarlas a Madrid, las comunicará entre sí, permitiendo también un importante desarrollo de actividades relacionadas con la cultura y la enseñanza.

El peaje medio para vehículos ligeros, incluido IVA tanto para Ávila como para Segovia, será de 260 pesetas entre San Rafael y Segovia (27,8 kilómetros) y de 165 pesetas entre Villacastín y Ávila (24,4 kilómetros).

Inversión y elecciones

El Gobierno, además, acordó remitir a Bruselas el Plan de Desarrollo Regional (PDR), que prevé unas inversiones de 26,9 billones de pesetas en el periodo 2000-2006. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, negó que el anuncio de este plan responda a razones electorales. "Éste es un plan oficial", aseguró, y no tiene que ver con el llamado Plan Felipe que el anterior Gobierno socialista anunció, también a bombo y platillo, a principios de los noventa.El plan 2000-2006 ha sido presentado cuatro veces en lo que va de año. El pasado mes de julio lo anunció el presidente del Gobierno, José María Aznar; días después lo presentó Rato; el jueves pasado volvió a anunciarlo el jefe del Ejecutivo, y ayer lo explicó otra vez el vicepresidente económico. En esta última ocasión, Aznar explicó parte del plan y lo cifró en 19 billones de pesetas.

Este plan se acabará de concretar con Bruselas en la primavera del 2000, en una fecha coincidente con la de las elecciones generales y andaluzas. La cifra prevista de 27 billones de pesetas, que supera en casi un billón a la anunciada al principio, es espectacular, pero en realidad no aumenta el ritmo de inversión de 1998, según las últimas cifras oficiales.

El pasado ejercicio, el conjunto de las administraciones públicas (Estado y Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos) realizó inversiones por valor de 4,34 billones de pesetas. Los siete años de ejecución del nuevo PDR (2000-2006) arrojan una media de 3,85 billones de pesetas por ejercicio, aunque esta cifra sólo incluye las inversiones realizadas en las regiones objetivo 1; es decir, aquellas que no alcanzan el 75% de renta por habitante media en la UE (valor 100).

Estas comunidades (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Ceuta y Melilla, además de Cantabria, que seguirá recibiendo recursos procedentes del objetivo 1 en régimen de ayudas transitorias hasta el 2006) son las que más ayudas reciben de la UE a través de los fondos estructurales y de cohesión y donde más se ha concentrado, por ello, la inversión pública de los últimos años.

A ellas están destinadas los 27 billones de pesetas previstos, que se financian a través de estos fondos de la UE y de aportaciones del Estado, las comunidades autónomas y de la iniciativa privada. La mayor parte va a infraestructuras (14,4 billones). De éstos, 9,1 billones se destinarán a inversiones en infraestructuras de transportes y comunicaciones, a inversiones en infraestructuras hidráulicas y medioambientales (2,4 billones), infraestructuras educativas y sanitarias (1,8 billones) e infraestructuras energéticas (1,1 billones).

Aumentar la renta

Según explicó Rato, el objetivo es acercar más la renta española por habitante a la media de la UE en ese periodo de tiempo. Las inversiones aportarán medio punto anual al crecimiento económico previsto como media del periodo (3,3%), aseguró. Rato vinculó este objetivo de elevar la renta de las regiones menos desarrolladas a la aplicación del actual sistema de financiación autonómica que se basa en la cesión del 30% del IRPF. Dijo que las comunidades que no lo han aceptado (las gobernadas por el PSOE cuando se firmó el pacto, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía) tienen por ello más dificultades de desarrollo que las demás.Aludió en concreto a Andalucía, "a cuyos habitantes su actual Gobierno debería explicar cuáles son las razones políticas que justifican disponer de 140.000 millones menos en los últimos años por el hecho de no haber aceptado el actual sistema de financiación".