El Gobierno ofrece en su carta a ETA una "reorientación de la política penitenciaria"

El Gobierno confirmó ayer que en la carta recién enviada a ETA ha planteado reabrir el diálogo con la banda "en los mismos términos" y con la "misma interlocución" que en la reunión de mayo pasado, la única que han celebrado delegaciones de la organización terrorista y del Ejecutivo. Éste enfatiza, en la segunda parte de la carta, su disposición a "reorientar la política penitenciaria" acompasándola al proceso de paz. Se centra en esta cuestión al ser el único mensaje positivo que el Gobierno extrae de la misiva que ETA le envió hace una semana. Asimismo, el Ejecutivo negó que hubiera un compromiso con los interlocutores de la banda para evitar que fueran detenidos en el futuro.

La carta en la que el Gobierno, a través de un intermediario, ha respondido a la misiva en la que la banda terrorista endurecía las condiciones de diálogo, es muy escueta, según fuentes gubernamentales. Consta de dos partes. En la primera, el Gabinete de José María Aznar propone a ETA retomar el diálogo, suspendido el pasado 25 de julio, en los "mismos términos" y con "el mismo nivel de interlocución" que en el encuentro celebrado en Zúrich (Suiza) el pasado 19 de mayo.La carta no precisa quiénes deben ser los interlocutores por parte de la banda, pero deja claro que tiene que ser una representación de la dirección de ETA, como en mayo pasado. En aquella ocasión fueron Mikel Albizu, Antza, y Belén González Peñalba, Carmen, detenida la semana pasada por la policía francesa. El Gobierno sigue apostando, por tanto, por mantener el nivel de interlocución del encuentro anterior y no contempla, en estos momentos, reunirse con los presos de ETA José Javier Arizkuren, Kantauri, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y José Antonio López Ruiz, Kubati, designados como representantes por la banda en su última misiva.

En la segunda parte de la carta, Aznar propone a ETA que el eje del encuentro sea la situación de los presos, recuerda su disposición a "reorientar la política penitenciaria" acompasada al proceso de paz y propone explorar las posibilidades de que la organización terrorista convierta la tregua indefinida en definitiva.

Sin contrapartidas políticas

Con ello, el Gobierno confirma, aunque no lo dice expresamente, que no está dispuesto a ceder contrapartidas políticas, como pretendía ETA en su carta de la pasada semana, al reclamar al Ejecutivo el reconocimiento del llamado "ámbito vasco de decisión" y la retirada del País Vasco de las fuerzas de seguridad del Estado.Pero sí juega fuerte la carta de negociar la situación de los presos ya que, por vez primera, ETA lo propone expresamente y es, además, un terreno de entendimiento que ha estado presente en todas las declaraciones del Gobierno desde que la banda declaró la tregua indefinida en septiembre de 1998. De hecho, es para el Gobierno el único punto aceptable de los que ETA propuso en su carta.

El ministro portavoz, Josep Piqué, confirmó ayer en Valencia que el Gobierno se había limitado a "reiterar su disposición a reabrir el diálogo con ETA lo antes posible en los términos ya conocidos". Piqué insistió en que el Gobierno en "ningún caso" incluiría en esas negociaciones "ningún tipo de contrapartida política".

El Ejecutivo también respondió a las declaraciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, según las cuales el Ejecutivo habría roto un supuesto acuerdo de inmunidad pactado entre ambas partes durante el contacto celebrado en mayo. El Gobierno negó que existiera ese compromiso como tal. Lo que sí existió, según explicaron fuentes gubernamentales, fue un compromiso de garantizar la seguridad de los interlocutores de ambas delegaciones. Ni el Ejecutivo trataría de detener ni de seguir a los interlocutores etarras, ni la banda tomaría represalias contra los representantes del Gobierno. Pero los etarras no tenían garantías más allá de su función en la interlocución, según añadieron fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes reiteraron, no obstante, que la detención de Belén González Peñalba por la policía francesa fue casual.

Piqué lo confirmó en Valencia al señalar que "cuando se produce el diálogo entre el Gobierno y la dirección de ETA es lógico pensar que los interlocutores, tanto del Gobierno como de ETA, requieren una serie de garantías para que ese diálogo pueda tener lugar y su continuidad".

El portavoz del Gobierno consideró "absolutamente elemental" esa concesión por ambas partes, pero matizó que "de ahí a la conclusión de que se dan una serie de garantías que en un Estado de Derecho no se pueden dar, hay una gran distancia", puesto que "el Estado de Derecho no está en tregua".

El Gobierno expresó su preocupación por las declaraciones de Arzalluz en la medida que vienen a suponer una advertencia acusatoria hacia el Gobierno ante una posible ruptura de la tregua. Piqué se preguntó sobre las posibles razones de Arzalluz para realizar tales comentarios. "Si de lo que se trata es de trasladar al Gobierno la responsabilidad de una eventual ruptura de la tregua, que en este momento no contemplamos, pensamos que el señor Arzalluz no lo debería hacer".

Estas declaraciones, como reflejo de una situación en ETA y los entornos nacionalistas, preocupan al Gobierno, que sigue teniendo "serias dudas" de que la banda quiera retomar el diálogo.